Regeneración, 18 de diciembre de 2015.- El gobierno mexicano utiliza empresas privadas de seguridad para acosar, torturar y, en algunos casos, asesinar a migrantes centroamericanos en diferentes Estados del país.
La denuncia la realizó el padre Alejandro Solalinde, junto a organizaciones de ayuda a personas migrantes. El colectivo ha documentado e identificado agresiones en Chiapas, Querétaro, Guanajuato y Veracruz; además, le han dado seguimiento a 8 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por empresas de seguridad privadas.
Martín Martínez Ríos, de la asociación civil Estancia del Migrante González y Martínez que actúa en Queretaro, mencionó que en ese Estado, desde julio, se ha registrado la presencia de agentes de la corporación Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle Toluca (CUSAEM). Dichos elementos se apostan a lo largo de las vías del tren, desde el Estado de México hasta Celaya, Guanajuato y llevan a cabo agresiones, hostigamientos, amenazas y ataques con armas de fuego contra personas migrantes. Además, han acosado y amenazado a los miembros de las organizaciones de Derechos Humanos que denuncian sus acciones. “Ellos mismos nos han dicho que están capacitados para matar y que su consigna es disparar a todo lo que se mueva alrededor del tren”, denuncia Martínez.
El CUSAEM depende de la Dirección General del Gobierno del Estado de México y funge como cuerpo auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. Sin embargo, desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, su presencia ha trascendido los límites del Estado de México y se han extendido por toda la zona centro del país. Según Leticia Gutiérrez, de las Hermanas Scalabrinianas, no queda muy claro quién los contrató para custodiar las vías del tren: “no sabemos bajo la jurisdicción de quién están trabajando, si es la Marina, el Ejército o la misma Secretaría de Gobernación”.
En julio de 2014, el Gobierno Federal presentó el Plan Integral Frontera Sur como reacción a los niños migrantes que llegaban al país en estado de indefensión. El plan, lejos de ayudar a la crisis humana, ha profundizado las agresiones y ha incrementado el clima de violencia hacia las personas migrantes y sus defensores.
Los defensores de derechos humanos desglosaron una serie de casos en donde se ponen de manifiesto que empresas como CUSAEM y SEPROMEX (Servicios Especiales de Protección en México) han realizado de forma sistemática abusos a los derechos humanos. Notablemente, está el caso de la balacera ocurrida el 23 de septiebre en la que varias personas fieron heridas de bala y un migrante fue ejecutado con un disparo de arma de fuego en la cabeza.
Además, el 11 de octubre, dos personas integrantes de la Estancia del Migrante fueron encañonadas con armas de alto calibre, por miembros de la CUSAEM, mientras llevaban a cabo su labor humanitaria. Los agentes de seguridad dijeron no dispararles porque no corrieron , ya que tienen órdenes explícitas de disparar a todas las personas que vean sobre las vías y que corran.
Por su parte, la empresa SEPROMEX agredió a cuatro personas migrantes en las periferias de Celaya, Guanajuato. Una de las personas recibió un balazo por la espalda con una escopeta.
“Estas empresas operan en la opacidad total – dice Leticia- y no hay ninguna claridad respecto a sus atribuciones o quien los envía a trabajar; lo que sí sabemos es que también resguardan las estaciones migratorias, lo que establece un vínculo claro con el Estado”. El colectivo también presentó el testimonio de “Elvis”, Nicaraguense con permiso legal de trabajo en México, que fue sacado por la fuerza de la empresa en donde laboraba y recluido por mes y medio en la estación migratoria de Las Agujas. Ahí, fue violado y torturado por denunciar los maltratos que sufren las mujeres y los niños en esta estación. Los guardias de seguridad que protegen estas instalaciones y facilitaron los abusos, pertenecen al grupo CUSAEM.
Alejandro Solalinde señaló que su organización ha realizado más de 800 denuncias de abusos, mientras que las Hermanas Scalabrinianas han realizado otras 300.