La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega también cuestiona la culpabilidad de Aburto, en un caso de más de tres décadas de controversias
Regeneración, 11 de noviembre 2025– La reciente detención en Tijuana de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, podría dar un nuevo giro en el caso del asesinato del candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Teoría
Treinta y un años después del magnicidio, el arresto de este personaje ocurrido el pasado 8 noviembre ha reanimado la discusión sobre la teoría…
…que postula la intervención de al menos un segundo atacante, hipótesis que desafía la versión oficial sustentada durante décadas.
La teoría del segundo tirador tomó fuerza desde los días posteriores al crimen.
El relato oficial establecía que Mario Aburto Martínez disparó dos veces contra Colosio: un impacto en la cabeza, mortal de inmediato, y otro en el abdomen.
Sin embargo, los peritajes iniciales de la antigua Procuraduría General de la República y de especialistas identificaron diferencias en la trayectoria, distancia y ángulo de ambos disparos.
Diversos médicos sostuvieron que el tiro principal no correspondía con la posición de Aburto y plantearon la posibilidad de un disparo proveniente del frente o el costado.
Sánchez Ortega
Jorge Antonio Sánchez Ortega nació en 1961 en El Rosario, Sinaloa.
Tuvo una infancia en la que desempeñó diversos empleos antes de ingresar al Cisen en 1993, pocos meses antes del magnicidio.
Según documentó Laura Sánchez Ley, periodista experta en el expediente Colosio, Sánchez Ortega fue asignado a tareas de infiltración en eventos políticos;
Llegó a Tijuana como parte del despliegue operativo del Cisen.
El día del asesinato de Colosio, Sánchez Ortega se ubicó cerca de la escena, donde fue detenido a 15 metros del sitio donde cayó herido el candidato priista.
Su chamarra blanca tenía visibles manchas de sangre y fue trasladado a la entonces PGR.
Declaración
En su declaración ministerial éste negó haber portado arma, argumentando que no se le permitía portarlas en sus funciones de inteligencia.
Esto contrasta con los resultados de la prueba de rodizonato de sodio, que dio positivo, lo que indicaba presencia de plomo y bario, elementos asociados a la detonación de armas de fuego.
Sánchez Ortega modificó varias veces su versión ante el Ministerio Público.
Al ser careado con Mario Aburto, negó conocerlo y aseguró que la mancha de sangre en su ropa se debió a haber ayudado a cargar el cuerpo de Colosio.
No se le encontró arma en posesión y las autoridades de aquel entonces atribuyeron el resultado químico a manipulación de cerillos o gasolina.
En ese contexto, la entonces PGR lo liberó.
Bajo perfil
El exagente desarrolló posteriormente una carrera marcada por el bajo perfil.
Fue reasignado a tareas administrativas, laboró en diversas delegaciones del Cisen, colaboró en algunos medios informativos y pasó a retiro en 2015.
Desde 1994, varios testigos declararon haber escuchado al menos tres disparos y observaron a un hombre armado huyendo entre la multitud en Lomas Taurinas.
Estos relatos, sumados a las irregularidades señaladas por médicos forenses y la defensa de Mario Aburto en los dictámenes balísticos y forenses, dieron pie a múltiples dudas sobre la versión oficial.
Con la reapertura del caso en 2022 —ahora reclasificado como “violación grave a derechos humanos” por la FGR—…
…la investigación ha buscado revisar peritajes, balísticas, testimonios históricos y la custodia de evidencias.
Indulto
Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado, solicitó a AMLO, entonces presidente, el indulto para Aburto, pidiendo cerrar el caso para permitir la sanación social y familiar.
Luego AMLO reconoció la existencia de investigaciones en curso bajo la línea del segundo tirador.
En este contexto, la reciente detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega constituye un punto de inflexión.
Para Jesús González Muñoz, abogado de Mario Aburto, “no existía razón para mantener preso a mi defendido si se buscaba a un segundo implicado (…).
Inexplicablemente el segundo tirador seguía prófugo y pese a ello mantuvieron en prisión solo a Mario Aburto como si fuera el único responsable”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
González Muñoz también reiteró que Aburto no fue autor de los disparos, identificando en cambio a un sujeto apodado “el Ruco”, supuestamente asesinado un día después, como posible responsable.
“Seguimos sosteniendo que no lo fue Mario Aburto, sino fue un sujeto que mataron al día siguiente y que el propio Mario Aburto identificó como el Ruco”.
Proceso equivocado
Para la defensa, “toda la indagatoria, todo el proceso, estaba equivocado, que no hay ni seguridad de que sea Mario Aburto y tampoco todavía de que este Ortega Sánchez sea el autor del segundo”.
La defensa cuestiona, además, la legalidad de la sentencia que mantiene a Aburto en la cárcel bajo el sistema federal, cuando el caso estaba vinculado a la jurisdicción de Baja California.
El abogado relató que el Tribunal Colegiado de Toluca llegó a aprobar la excarcelación de Aburto porque ya había cumplido la pena máxima conforme a la ley estatal;
Pero la Procuraduría interpuso una revisión y esto bloqueó la excarcelación que correspondía legalmente:
“Lo curioso fue que la Procuraduría General de la República interpone una revisión contra esa resolución de la sala de la Corte…
… e impide que Mario Aburto haya salido libre cuando le correspondía por el homicidio. Y, de manera indebida, se le detuvo en prisión como hasta ahora lo está, sin merecerlo”.
Detención
Respecto a la reciente detención, el abogado señaló: “La conclusión que llega uno: ¿qué caso tenía haber detenido la liberación de Mario?
Si estaban por buscar a un segundo tirador o primero, como se le quiere imputar, no había razón ni justificación para detener la liberación de Mario”.
La defensa de Aburto rechaza la existencia de vinculación o coautoría con Sánchez Ortega: “Ese es el segundo gran tema: la supuesta vinculación entre ambos nunca se pudo determinar.
Este señor Ortega trabajaba para el Cisen; Aburto era un trabajador de una maquiladora, un ciudadano común y corriente en Tijuana.
Luego entonces, tampoco hay esa seguridad de que hubiera complicidad o coautoría con él”, declaró.
El defensor agregó que la investigación sigue sin respuestas claras, señalando que “es una herida del país que sigue abierta. Todos vivimos con esa incógnita”.
