Luego de que una de las sobrevivientes de los hechos interpusiera un amparo contra cerrar el caso en el que se investiga el abatimiento de 22 personas por un convoy militar, en 2014.

 

(140927) — TLATLAYA, septiembre 27, 2014 (Xinhua) — Imagen proporcionada por la agencia de noticias MVT el 27 de septiembre de 2014 de un impacto de bala en la pared despuÈs de un supuesto enfrentamiento entre delincuentes y militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de MÈxico, MÈxico. La agencia mexiquense de noticias MVT difundiÛ el 26 de septiembre im·genes de los cuerpos de 22 presuntos delincuentes que seg˙n informaciÛn de las autoridades locales, se habrÌan enfrentado a elementos del EjÈrcito Mexicano el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de MÈxico. (Xinhua/MVT) 

Regeneración, 15 de agosto de 2017.– Luego de más de tres años desde que un convoy militar abatió a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; un juez federal ordenó a la PGR investigar a fondo los hecho ocurridos nuevamente e incluso ir contra los mandos militares.

Según el juzgador la Procuraduría General de la República no ha podido o querido investigar a fondo y efectivamente los hechos que ocurrieron ese día; pues mientras por un lado señaló que al menos ocho personas fueron asesinadas, no se ha esforzado en demostrarlo.

“Se ha acreditado que la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos motivo de la denuncia realizada”, dijo el juez

La reapertura del caso es el resultado del amparo que interpuso una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el lugar, Clara Gómez; por lo que la PGR deberá investigar a fondo el caso: la balacera, los asesinatos, la alteración de la escena del crimen, la actuación de los mandos militares, etcétera.

Todavía queda, sin embargo, tiempo para que la PGR presente otro recurso legal para impedir la reapertura del caso, lo que a decir de la abogada de la testigo, Gabriela Carreón, sería una prueba manifiesta de que la PGR tiene una “clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”.

En mayo de 2016, fueron exonerados Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, militares directamente implicados en el asesinato; en aquel entonces, el tribunal consideró que no había elementos suficientes para probar el asesinato a sangre fría.

Tres mujeres sobrevivieron al enfrentamiento y las posteriores ejecuciones de Tlatlaya. Una de ellas es Clara Gómez. Desde el principio, la testigo ha explicado que ella estaba con los 22 aquel día por su hija, Erika. Nunca ha quedado claro cómo llegó Erika al grupo. Si se fue con ellos por gusto o porque la obligaron. Clara dice que hacía semanas que no sabía de ella y que justo el día de antes, la muchacha le avisó por celular de que estaría en Tlatlaya. Clara, según explicó, fue a buscarla y se encontró con el tiroteo y lo demás. Erika, que entonces contaba 14 años, murió a balazos aquel día, 30 de junio de 2014. Clara y sus abogados intentan desde entonces que la PGR investigue todos los aspectos del caso, que los militares acusados sean enjuiciados y los mandos militares, investigados.

En junio de 2015, los abogados de Clara presentaron un documento que formaba parte de la investigación de la PGR. Se trataba de un oficio militar, una orden que la comandancia del batallón envió al encargado de la base en la que estaban destinados los soldados implicados en el caso. Uno de los puntos de la orden leía: «Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad». El oficio tenía fecha del 11 de junio, dos semanas y media antes de lo ocurrido.

En esta resolución, dada el pasado 31 de julio, la juez concluye que la Procuraduría no ha realizado las diligencias que permitan indagar la Orden Militar que instruyó “abatir delincuentes en horas de oscuridad” dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los castrenses involucrados en los hechos. También consideró que no se ha investigado la cadena de mando responsable.

Vía El País y Animal Político