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La Conagua ha otorgado, “de forma acelerada”, 500 nuevas concesiones a empresas privadas, afirma ONG. Se trata, dice, de un proceso de “privatización” de las aguas nacionales.

Regeneración, 28 de julio de 2018. Un juez federal con sede en Chiapas desechó un recurso de amparo interpuesto por el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” para evitar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregara más concesiones de explotación de agua a empresas privadas.

En un comunicado, el comité señala que, según denuncias de organismos ciudadanos y ambientalistas, la Conagua ha otorgado “de forma acelerada”, 500 nuevas concesiones. Se trata, dice, de un proceso de “privatización” de las aguas nacionales.

Esto ha ocurrido incluso en zonas donde se levantaron las vedas con los 10 decretos sobre reservas de agua, que abarcan en total 55 por ciento de los lagos y ríos del país.

El juez federal del Juzgado 4° de Distrito, de Amparo y Juicios Federales, Mario Fernando Gallegos León, desechó el recurso al alegar que el comité “no acreditó el interés legítimo para interponer el recurso.”

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Además, dijo que el comité tiene un interés “simple y jurídicamente irrelevante” como el que puede hacer cualquier persona.

El colectivo advirtió que desechar una demanda de amparo es una tendencia entre los jueces federales para evitar sentar precedentes y criterios que permitan defender garantías básicas a través del recurso.

Por lo anterior, anunció que acudirá a mecanismos internacionales, e instancias como la Relatoría Especial del Derecho Humano al Agua de la ONU.

Lo anterior, en el marco del examen periódico universal que revisará el cumplimiento del Estado mexicano en el mes de octubre.

El antecedente

El pasado 18 de julio, representantes del Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” interpusieron el recurso de amparo, según informaron a través de un comunicado.

El trámite fue ingresado en los juzgados de distrito y juicios federales de la capital chiapaneca.

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El amparo fue solicitado contra los 10 decretos promulgados por el gobierno federal el 8 de junio del presente año, por violentar los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Al mismo tiempo, el recurso solicitaba protección de la justicia federal ante lo que consideraron:

“actos violatorios de los derechos constitucionales y humanos en contra de la sociedad mexicana por parte Congreso de la Unión al aprobar y expedir reformas de la fracción II del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales“.

El comité señaló que esta acción se suma a otras demandas de amparo interpuestas por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en la Ciudad de México.

El comité “Digna Ochoa” detalló que este recurso de amparo está sustentando en el interés legítimo “que tenemos como defensores de los derechos humanos.”

Consideran que ejecutar acciones jurídicas es pertinente al violentarse derechos humanos constitucionales con estos decretos ordenados por el gobierno federal.

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“Somos ciudadanos que habitamos en una de las cuencas mencionadas en los decretos, que en el caso de Chiapas comprende la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta” en Chiapas.

Además, señalaron que tanto la ley de amparo como las tesis de jurisprudencia con las que sustentaron su requerimiento:

“nos legitiman para actuar, toda vez que… las autoridades señaladas… están violentando de derechos humanos fundamentales que corresponden a… una colectividad, cuya afectación es indivisible, y de no impugnarlos se harían negatorios para la colectividad humana, para la sociedad toda”.

Por último, señalaron que, aunque el nuevo gobierno que encabezará AMLO pretende revertir el sentido de los decretos:

“asumimos nuestro deber como defensores de derechos humanos y actuamos responsablemente para interponer este recurso de amparo que ha sido decretado y promulgado en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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