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La relatora especial de la ONU sobre derechos indígenas elaboró un informe y emitió recomendaciones al Estado mexicano. Los megaproyectos energéticos, inmobiliarios, turísticos y extractivos deben consultarse previamente y debe detenerse la criminalización hacia quienes defienden sus territorios, señaló

Regeneración, 21 de septiembre de 2018.- Reformar el régimen jurídico agrario, responder a las necesidades de los pueblos indígenas, proteger sus territorios y realizar consultas a los megaproyectos, son algunas de las recomendaciones que la relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, urge al gobierno mexicano luego de su visita al país el año pasado y de una investigación independiente.

En su informe, la relatora destacó que “las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.”

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Agrega que todos estos problemas “se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”.

Entre sus conclusiones la relatora especial alerta sobre la situación actual que padecen los pueblos indígenas, “ya que refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Un desarrollo sostenible requiere un enfoque de derechos humanos.”

El documento titulado Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México emite recomendaciones a México, entre otras:

  • Las políticas, leyes y planes en materia energética, agraria, agroindustrial, turística y otras áreas deben tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos.
  • “Urge una atención especializada a las solicitudes de pueblos indígenas para el reconocimiento y protección de sus tierras y territorios, la resolución de conflictos territoriales y la justicia y reparación integral por violaciones a sus derechos territoriales.”
  • Reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas
  • Reabrir el debate constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas.
  • Responder a las necesidades de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
  • Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas.
  • Realizar una reforma integral del régimen jurídico agrario para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
  • Deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios.
  • El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas, y en este marco garantizar que las empresas ejercen la debida diligencia y asumen sus responsabilidades en caso de daños.
  • La ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas conforme a sus obligaciones internacionales.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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