Por: Lucio Guerrero

Centenas de amparos se presentaron y concedieron a favor de empresas privadas y extranjeras de la energía, contra modificaciones que marcan un cambio de rumbo en la política energética. Jueces de los juzgados Primero y Segundo de distrito especializados en materia económica, concedieron amparos en tiempo récord a decenas de empresas que se enriquecen a través de subsidios y trataos preferenciales, a costa del pueblo trabajador.

Una de las primeras acciones del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de energía, fue la modificación de los criterios para el otorgamiento de los llamados Certificados de Energías Limpias (CEL), títulos que certifican la cantidad de energía proveniente de fuentes limpias (renovables y de bajas emisiones), inyectadas a la red por una empresa de energía eléctrica.

A penas si se había dado a conocer dicho cambio en los criterios, surgieron sendos amparos de particulares y extranjeros contra la modificación normativa. Y es que, derivado de la Reforma Energética de Peña Nieto de 2013, la CFE fue privada de su derecho a recibir dichos certificados, pues se estableció que sólo la tecnología de generación instalada a partir del año 2014, sería acreedora de dichos certificados, no importando si CFE es la principal generadora de energía limpia en el Sistema Eléctrico Nacional.

La cosa no paró ahí. Se creó un mercado eléctrico donde se dispuso la obligación de contar con dichos certificados; no sólo conseguirlos a partir de la generación, sino que los centros de cargas tuvieran una cantidad creciente de certificados para poder justificar que consumen energía proveniente de fuentes limpias. Al ser la CFE el principal suministrador de energía, a través de la Reforma Energética, se le crearon obligaciones para adquirir dichos certificados. De tal forma que, en el esplendor del saqueo, la CFE adquiría hasta el 90% de dichos certificados; es decir los compraba para poder suministrar energía a la población.

CFE podía evitar la compra si se le reconocía su propia generación de energía limpia, sobre todo la proveniente de sus grandes hidroeléctricas, por ejemplo. Pero ahí estaba el negocio. Para apalancar a las grandes empresas de energías limpias, las llamadas empresas verdes, CFE debía adquirir dichos certificados en contratos de 10 años, lo que representaba recuperar casi 70% de la inversión inicial de dichas empresas en sus plantas generadoras. En ningún país del mundo se hacen esos negocios.

Por ello, los grandes capitalistas no iban a renunciar a dicho subsidio a costa de la CFE y se ampararon ante la modificación de los lineamientos para el otorgamiento de certificados, que no hacían otra cosa que reconocer el derecho de la CFE a recibir CEL. Al día de hoy la CFE ha pagado más de 6 mil millones de pesos a empresas extranjeras por concepto de Certificados de este tipo, sin tener ninguna necesidad.

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Al día de hoy dicho juicio sigue vivo y los jueces de los juzgados de competencia económica ya anuncian el sentido de la resolución final, a favor de impedir que se les quite ese jugoso subsidio a las empresas extranjeras.

A finales de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía emitió un Acuerdo para evitar que las pruebas de empresas extranjeras sobre la red de transmisión, provocara cortes eléctricos en medio de la pandemia que padecemos millones de personas. Este Acuerdo recibió cientos de amparos concedidos por los jueces de competencia económica porque, según las empresas privadas y extranjeras eléctricas, tienen derecho a subirse a la red no importando si sus pruebas pudieran provocar cortes de suministro; incluso si ello pudiera afectar hospitales o domicilios donde hay personas vulnerables, pues a criterio de los jueces la competencia económica consagrada en la Constitución, tiene prevalencia sobre el derecho a la vida.

El 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo de Política para garantizar que el suministro eléctrico sea continuo en todo el territorio y que no sea vulnerado por la presencia de plantas intermitentes de empresas extranjeras, que se encuentran alterando el funcionamiento de la Red Nacional de Transmisión provocando cortes, apagones y fallas en las líneas, con la consecuente interrupción del suministro, justo como ocurrió en diciembre pasado en el norte de México.

Dicho instrumento de política fue amparado por los mismos jueces de competencia económica y bombardeado con más de 250 amparos concedidos a favor de las empresas extranjeras de la energía. Sorpresivamente la Secretaría de Energía dejó perder dicho juicio cuando se encontraba en tribunales colegiados y a pesar de contar con una resolución semi-favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, en enero del 2021, AMLO presentó una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para garantizar el suministro eléctrico, fortalecer a la CFE, detener el saqueo y la entrega de subsidios a compañías eléctricas extranjeras, así como terminar con los mercados ilegales de energía eléctrica como los que tiene la empresa Iberdrola. Sin embargo, los mismos jueces de competencia económica determinaron que existe un derecho humano al capitalismo; que los derechos de las empresas son equiparables a derechos humanos y al estar consagrada la libre competencia en la Constitución, se deben respetar los derechos de las empresas a recibir subsidios cruzados, tener preferencia de despacho eléctrico, recibir Certificados de Energía Limpia sin que reciba la CFE, contratos de largo plazo (donde compiten) y ganancias aseguradas por 30 años.

Por supuesto que todo lo anterior no tiene nada que ver con la competencia, de hecho, derivado de la Reforma Energética realmente nadie compite en materia eléctrica, pues el dinero está en los contratos a largo plazo, los subsidios y los mercados ilegales de energía utilizando casi a título gratuito la infraestructura de la CFE.

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La realidad es que el cambio constitucional de 2013 conocido como la Reforma Energética, consagró en la Constitución de México una serie de elementos que dan certeza jurídica para que, no importando cuanta buena voluntad tenga algún gobierno, no se vean afectadas las empresas privadas y extranjeras de la energía, sólo la CFE.

La Reforma Energética en materia de electricidad fue diseñada para destruir a la CFE y con el objetivo de que, una vez quebrada la empresa estatal de energía, fue vendida a empresas extranjeras a precio de remate, justo como en estos días ocurre con electroBras, de Brasil.

Revertir la privatización de la industria eléctrica, necesariamente pasa por echar atrás la Reforma Energética de Peña Nieto que el Poder Judicial insiste en que se siga aplicando. Esto pasa por realizar los cambios constitucionales necesarios para garantizar el suministro eléctrico, precios bajos, confiabilidad en el sistema y, sobre todo, seguridad energética.

Como ya vimos los esfuerzos por mejorar la participación pública en el actual marco legal y constitucional, no han traído más que una lluvia de amparos. Cada juicio que toma el Poder Judicial en sus manos tiene la capacidad de detener cualquier proceso de cambio y regulación por lo menos un año; lo que significa que por esa ruta no podrá haber avanzada en la reversión de la privatización en el corto y mediano plazo.

La Reforma Constitucional en materia de electricidad es necesaria. Con ella se podría revertir la privatización actual y fortalecer a la empresa pública, dejando de transferir recursos a empresas extranjeras; y mejorando el desempeño de la CFE al poder realizar sus propias inversiones para su fortalecimiento y no el de los privados.

Arrancar la Reforma Constitucional es una tarea estratégica bajo las condiciones impuestas por la actual etapa. Las y los trabajadores de la industria eléctrica debemos luchar por poner de pie un proceso que culmine en la realización de dicha contra reforma; avanzar en el control de la industria estratégica y por la expulsión de las empresas extranjeras de nuestros territorios.

Se requiere de una Reforma que termine con el soporte de los jueces de competencia económica, para dejar de padecer el derecho humano al capitalismo, como dice la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, debemos movilizar nuestros esfuerzos por la realización de dicha reforma y llamar a la movilización con las y los trabajadores de dicha industria a la cabeza.

Loret de Mola es del grupo opositor, no nos quieren: AMLO