Fracking prohibido en otros países; en México se promueve y se obstaculiza acceso a información
Por Leticia Ánimas
Regeneración, 14 de abril del 2018; Huauchinango, Puebla.-A favor de las empresas e insuficientes para garantizar el respeto a los derechos humanos y para atender los riesgos e impactos negativos que produzca la extracción de hidrocarburos a través de la fracturación hidráulica (Fracking), fueron consideradas las normas que se han emitido tras la reforma energética para legalizar la técnica que ha sido prohibida en otros países.
Lo anterior fue dado a conocer por la investigadora Aroa de la Fuente de FUNDAR durante el Seminario Virtual «La regulación del fracking: una falsa solución»en el que además precisó que pese a los obstáculos para obtener información se sabe que hasta 2009 en el norte de Puebla y Veracruz donde se desarrolla el proyecto Aceite Terciario del Golfo se han abierto con fracking1 mil 323 de los 2 mil 648 pozos del yacimiento Paleocanal de Chicontepec considerado de arenas compactas. Mientras que hay otros 28 en yacimientos de lutitas: 14 en Coahuila, 8 en Nuevo León y 6 en Tamaulipas.
Los pozos fueron abiertos, incluso antes de la aprobación de la Reforma Energética y de que existieran los lineamientos con los que se pretende regular la actividad que fueron expedidos apenas en marzo y agosto de 2017, indicó.
Durante el webinar organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (AIDA), De la Fuente precisó que poniendo en práctica el principio de precaución, el Estado mexicano debe prohibir la fractura hidráulica pues su puesta en marcha implica graves violaciones a los derechos humanos al agua, a la salud y a la información; además de que no se podrán atender ni prevenir los riesgos e impactos negativos que produzca, pese a las normas que han sido emitidas.
Al contrario, afirmó, estas reglas favorecen a las empresas petroleras al considerar a la explotación de hidrocarburos como de “utilidad pública”, a través de diversas figuras legales que obligan a la población a rentar o vender sus tierras y criminalizan cualquier acción en defensa de sus derechos.
Con los lineamientos emitidos, dijo la investigadora, “nos quieren hacer creer que la práctica del fracking puede ser segura y responsable, y que a través de estas regulaciones se pueden evitar sus impactos, pero no es cierto”.
Auroa de la Fuente indicó que a pesar que desde el 2013 el gobierno dijo que era necesaria la explotación de hidrocarburos no convencionales para revertir la caída de hidrocarburos y reducir las importaciones de gas natural, nunca se incluyeron medidas sobre su explotación y sólo se favoreció la entrada de las empresas y el uso de fracking.
Ejemplificó que incluso el pago de contraprestaciones a una persona que decide o es obligada a rentar su tierra será de manera proporcional a la utilidad que las empresas informen que obtuvieron “pero no se toma en cuenta cómo se afecta a la gente”.
Además se establecieron ajustes a los regímenes fiscales y en el caso particular de la explotación de gas seco o no asociado se redujeron en una tercera parte, por lo que puede decirse que las actividades empresariales “son subsidiadas”.
Y aunque a la fecha se hayan emitido los lineamientos sobre una supuesta seguridad industrial y otro de presunta protección a las aguas nacionales, no se pueden evitar los riesgos que implica el uso de la fractura hidráulica como la contaminación de acuíferos, de la superficie y de la atmósfera, o que se provoquen impactos como los sismos, fugas de metano y las consecuencias y riesgos para la salud humana.
LA SIERRA NORTE Y EL FRACKING
Según una investigación del centro de análisis PODER a la fecha más de 448 mil hectáreas de terrenos ubicadas en 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla serán licitadas por la Secretaría de Energía a empresas nacionales y extranjeras para la eventual extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking.
El área abarca un total de 448 mil 341.58 hectáreas y representa el 13.07 de la superficie total del estado de Puebla
Se trata de terrenos ubicados en los municipios de Acateno, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Huyetlalpan, Ixtepec, Jalpan, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Nauzontla, Olintla, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xiutetelco, Yainahuac, Zihuateutla y Zoquiapan.
