En una carta publicada en mayo, dos premios Nobel de la Paz y más de 100 académicos, periodistas y activistas de derechos humanos pidieron al grupo Human Rights Watch que pusiera fin al trasvase de personal entre el organismo y el Gobierno de EE.UU. El 3 de junio, HRW publicó una respuesta del director ejecutivo, Kenneth Roth, en su página web, argumentando que su “preocupación está fuera de lugar.” En un debate en el programa de televisión Democracy Now!, el portavoz de HRW Reed Brody rechazó de igual manera las recomendaciones.
El 8 de julio, los premios Nobel Mairead Maguire y Adolfo Pérez Esquivel junto a Richard Falk, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, y Hans von Sponeck, ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, publicaron la siguiente respuesta, instando de nuevo a que HRW elimine los vínculos con el Gobierno estadounidense y además que HRW expulse al exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, de su junta directiva.
Estimado Kenneth Roth:
Aunque acogemos con satisfacción su compromiso expreso sobre la independencia y credibilidad de Human Rights Watch (HRW), nos preocupa el rechazo a nuestra sugerencia, de sentido común, para el fortalecimiento de dichos valores: prohibir a quienes han diseñado o ejecutado la política exterior de Estados Unidos que sirvan como personal, asesores o miembros de la junta directiva de HRW o, cuando menos, exigir largos períodos de “distanciamiento” antes y después de que cualquier asociado se mueva entre HRW y cargos oficiales de la política exterior del Gobierno estadounidense.
Antes de abordar las objeciones de su carta sobre las tres instancias de promoción de HRW que sugieren la existencia de conflicto de interés, quisiéramos reiterar que fueron “limitadas a sólo la historia reciente” y que otros casos podrían haber sido mencionados también. Un ejemplo obvio de la falta de HRW de criticar adecuadamente los crímenes de Estados Unidos se produjo después del golpe de Estado de 2004 contra el Gobierno democráticamente elegido de Haití. El Gobierno de EE.UU. esencialmente secuestró al presidente de Haití; miles de personas murieron bajo el subsiguiente régimen golpista; y funcionarios depuestos del Gobierno constitucional fueron encarcelados.
Frente a lo que probablemente fueron los peores abusos contra los derechos humanos de todos los países en el hemisferio occidental en aquel momento, HRW apenas levantó un dedo. HRW nunca organizó una conferencia de prensa criticando el golpe o las atrocidades después del golpe. En contraste con los llamamientos de HRW a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos en los casos de Venezuela y Cuba, HRW nunca invocó públicamente la Carta en el caso de Haití, aunque sus artículos 20 y 21 ofrecían medidas multilaterales “en el caso de la alteración inconstitucional del orden constitucional”. HRW nunca publicó un artículo de opinión sobre el derrocamiento en un periódico prominente. (En 2004 el New York Times publicó por lo menos cinco artículos de opinión de HRW y cuatro cartas de HRW sobre otros temas.) Es razonable que los observadores externos cuestionen si esta falta de respuesta por parte de HRW a tales violaciones de los derechos humanos a gran escala tuvo algo que ver con las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.
El solo hecho de que existan tales preguntas sobre la promoción de HRW debería ser razón suficiente para imponer fuertes restricciones a los estrechos vínculos de la organización con el Gobierno estadounidense. Dado el impacto que tienen las percepciones mundiales respecto a la capacidad de HRW de realizar su trabajo, simplemente la apariencia de incorreción puede impedir la efectividad de la organización. Cerrar el trasvase de funcionarios entre HRW y el Gobierno de Estados Unidos sería un importante primer paso para aliviar o disipar en adelante las preocupaciones de que las prioridades de la institución estén comprometidas.
La evidencia concreta de la práctica de trasvase de funcionarios de HRW y el Gobierno estadounidense deja crucialmente incompleto su reconocimiento de que “es cierto que algunos funcionarios prestaron servicio al Gobierno de Estados Unidos con anterioridad o posterioridad a su vínculo con Human Rights Watch”. Ofrecimos ejemplos de aquellos que trabajaron para el Gobierno estadounidense tanto antes como después de su vinculación con la organización, una práctica ampliamente reconocida por generar incentivos perversos y menoscabar la reputación de independencia de una institución.
Por ejemplo, puede que esté o no esté de acuerdo usted con nuestra opinión de que un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una de las instituciones que más ha violado los derechos humanos durante los últimos 50 años, no esté en capacidad de asesorar a su institución en materia de derechos humanos. Sin embargo, seguramente debe admitir usted que es cuestionable que Miguel Díaz , el ex analista de la CIA en cuestión, aprovechase los ocho años de experiencia y relaciones que acumuló dentro del comité asesor de HRW para desempeñar su posterior papel de “interlocutor entre la comunidad de inteligencia y los expertos no gubernamentales” para el Departamento de Estado.
Su colega Reed Brody, consejero y portavoz de HRW, pareció malinterpretar la naturaleza de nuestra propuesta, al argumentar en un debate el 11 de junio transmitido en Democracy Now! que “Miguel Díaz nunca trabajó en Human Rights Watch” y que el organismo “es grande – tenemos gente de la derecha tanto como gente de la izquierda”. De hecho, nuestra carta sugería prohibiciones o períodos de distanciamiento para “cualquier miembro”, incluyendo miembros del comité asesor, como es el caso de Díaz. Segundo, nuestra propuesta no impactaría la diversidad política; por el contrario, dificultaría más que aquellos previamente empleados en organizaciones violadoras de derechos humanos como la CIA influyesen adversamente las prioridades de la institución o dañasen su reputación.
Es importante aclarar más a fondo nuestra solicitud, ya que Brody expuso dos afirmaciones mutuamente irreconciliables: que “no existe trasvase de funcionarios” y que “esta política de trasvase de funcionarios, si la implementáramos, hubiese cambiado una persona en Human Rights Watch”. Ninguna de esas dos afirmaciones son ciertas. Un período de distanciamiento, el cual hubiese sido aceptado por todos asociados de la organización, hubiese evitado que tanto Díaz como el ex director de HRW en Washington, Tom Malinowski, hubiesen entrado casi inmediatamente al Departamento de Estado estadounidense (Malinowski es actualmente el Subsecretario de Estado para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo), y también hubiese aplicado a Nik Steinberg, un ex investigador principal de la división para las Américas de HRW hasta mayo de 2014.
Sólo una semana después de que usted recibiese nuestra carta del 12 de mayo, Steinberg anunció que dejaba HRW para asumir un cargo con la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Samantha Power, lo cual catalogó como una “oportunidad extraordinaria”. Esto es problemático desde una perspectiva de derechos humanos, debido a que la audiencia de confirmación del 17 de julio de 2013 de Power estuvo cargada de comentarios provocadores, incluyendo su afirmación sin ningún tipo de evidencia de la existencia de un “programa iraní de armas nucleares”, su promesa de “nunca pedir disculpas por Estados Unidos” y su compromiso de “trabajar incansablemente para defender” a Israel. Después de asumir su cargo, abogó por un ataque contra Siria en 2013, defendiéndolo como “legítimo”, al tiempo que reconocía tácitamente su ilegalidad. Posteriormente declaró que Estados Unidos no tenía “nada de qué disculparse” en Afganistán, a pesar de su record de numerosas atrocidades. Más recientemente, Power participó en un evento mediático coordinado con Henry Kissinger, sobre quien Brody se había referido en una ocasión como un criminal de guerra.
La proximidad de HRW a Power daña la independencia declarada de la institución a la luz de sus declaraciones de que “Estados Unidos es el mejor país de la Tierra”, “el líder en derechos humanos” y “el líder en dignidad humana”. Poco después de salir de HRW, Malinowski elogió igualmente el “consenso bipartidista para la defensa de la libertad de Estados Unidos en el mundo” y la índole “excepcional” del país en su propia audiencia de confirmación, el 24 de septiembre de 2013.
Señor Roth, nos preocupa profundamente que la transición anunciada de Steinberg a la oficina de Power -una semana después de que usted recibiera nuestra carta- sea solo uno de muchos episodios de trasvase de funcionarios que continúe creando estructuras de incentivos perversos dentro de la organización. ¿Cómo se puede confiar en que los miembros de HRW no tengan miedo de hacer que violadores de derechos humanos en el Gobierno estadounidense paguen un precio político por sus delitos y crímenes al mismo tiempo que esperan trabajar para algunos de esos mismos funcionarios inmediatamente después de dejar Human Rights Watch? Esa es la pregunta a la que debe responder usted, dado las transiciones de Malinowski, Díaz y Steinberg al Departamento de Estado de EE.UU.
Si usted se opone a la prohibición de la participación de funcionarios de política exterior estadounidenses en HRW o se rehúsa a instituir períodos de “distanciamiento” para ellos, le sugerimos, en paralelo, una propuesta aún más sencilla: prohibir la participación en HRW de todos los que hayan tenido una responsabilidad directa en la violación del derecho internacional humanitario. Javier Solana, actualmente miembro de la Junta Directiva de HRW, se desempeñó como Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante la campaña militar de 1999 en Yugoslavia. El empleo por parte de la OTAN de bombas de racimo y sus bombardeos a objetivos civiles en Yugoslavia llevó a HRW a concluir que la OTAN “cometió violaciones al derecho internacional humanitario”.
Solana, por lo tanto, es una pésima elección para ser miembro de la junta directiva de HRW. Su remoción de la junta directiva sería una señal del esfuerzo de buena voluntad de HRW para convalidar su independencia y credibilidad como defensora de los derechos humanos. Cuando a Brody se le preguntó en Democracy Now! que respondiera al argumento de que “aquellos que tienen responsabilidad directa en violaciones de derechos humanos no deberían formar parte de la junta directiva de una organización de derechos humanos independiente”, dijo, “yo estaría de acuerdo con eso”. Esperamos que esté de acuerdo usted con su colega.
A continuación abordaremos una por una sus respuestas a los tres casos de defensa problemática por parte de HRW mencionados en nuestra carta:
En primer lugar, usted se opuso a nuestra preocupación por las declaraciones realizadas en 2009 por el ex director de HRW en Washington, Tom Malinowski, al diario Los Angeles Times. Alegó él que “bajo circunstancias limitadas” había un “lugar legítimo” para la práctica de las operaciones de entregas [“renditions”]. Usted sostiene que nuestra carta “equivocadamente afirma que él estaba apoyando entregas ilegales de la CIA “, y que “Malinowski ciertamente no estaba aprobando el programa ilegal de entregas secretas de sospechosos, lo cual implicaba la transferencia de personas sin las protecciones del debido proceso a países donde serían sometidos a tortura”. Más adelante, simplemente define usted las entregas de sospechosos como “la transferencia de una persona en custodia de una jurisdicción a otra, lo cual es legal en ciertas circunstancias”, y apela al ejemplo de las extradiciones como una forma legítima de entrega.
Agradecemos su intento de aclarar la declaración de Malinowski, la cual en su momento provocó la consternación pública de profesores especialistas en derecho constitucional e internacional, tales como Darren Hutchinson y Kenneth Anderson. Esta reacción surgió porque el artículo de LA Times ya referido se centró exclusivamente en las entregas de sospechosos por parte de la CIA y en la orden ejecutiva del presidente Barack Obama al respecto, que las resguardómediante una redefinición que permitió la transferencia de sospechosos a otros países en un “corto plazo y de manera transitoria.” Todas las entregas de la CIA, ya sea a largo o corto plazo, sea que conduzcan o no a la tortura, deniegan a los sospechosos el derecho a un procedimiento judicial en el que puedan impugnar su traslado desde el país donde fueron privados de libertad. A diferencia de las extradiciones comunes, las entregas de la CIA —extraordinarias o de otro tipo — no garantizan a los detenidos el derecho a asistencia legal o el acceso a los tribunales del país donde fueron capturados.
En la carta anterior que le dirigimos, resaltamos “la continuidad de las entregas de sospechosos” de Obama como una seria preocupación de derechos humanos y la hipervinculamos a un informe ampliamente citado de la Open Society Justice Initiative de 2013, en el que se destaca que “la orden ejecutiva [de Obama de 2009] no repudiaba las entregas extraordinarias de sospechosos”, y que “tal parece que el Gobierno de Obama no puso fin a las entregas extraordinarias”. En vista de lo anterior y del hecho de que el LA Times se centró únicamente en la orden ejecutiva de las entregas ilegales de la CIA, el comentario de Malinowski sobre su “lugar legítimo” fue problemático y continúa siéndolo, considerando especialmente la posición de alto nivel que desempeña él actualmente dentro de la administración de Obama. La controversia en torno a la práctica persiste, como lo demuestra el siguiente titular de un artículopublicado en 2013 en el Washington Post: “Las entregas continúan con Obama, a pesar de las preocupaciones por el debido proceso”.
La siguiente declaración de Malinowski al LA Times fue quizás aún más dudosa, por razones adicionales. Como el director de Human Rights Watch en Washington, parafraseó la afirmación del Gobierno de Obama de que el diseño de una alternativa para las “personas que están siendo enviadas a las mazmorras extranjeras para ser torturadas” iba a “tomar algún tiempo”, sin cuestionar si un proceso gradual para poner fin a estos abusos era justificable o apenas legal. Para una organización que opera bajo los principios de que los derechos humanos son absolutos, no derechos que se pueden vender por conveniencia u otros objetivos políticos (la única manera en la que una organización de derechos humanos creíble puede o debe operar), dicha afirmación debería ser bastante problemática. De hecho, la administración de Obama sí procedió a “tomarse algún tiempo,” manteniendo el uso de tales “mazmorras extranjeras” durante años, probablemente hasta la fecha.
Numerosos testimonios presenciales dieron lugar a artículos como los de Der Spiegel en 2009 y la BBC en 2010 que informaron sobre la tortura llevada a cabo durante la presidencia de Obama en la base aérea de Bagram en Afganistán, donde los detenidos no han tenido derecho de habeas corpus. Un artículo de investigación publicado en The Nation en 2011 detalló las condiciones de una “prisión secreta” subterránea en Somalia utilizada por la CIA, la cual ha servido como un destino para las entregas de prisioneros apoyadas por Estados Unidos. Se dice que funcionarios estadounidenses realizan “sesiones informativas” conjuntas, o sea, interrogatorios, en el sitio. El autor del artículo, Jeremy Scahill,descubrió que los presos no pudieron ser vistos por la Cruz Roja, y que “nunca se les imputaron los cargos”.
Notamos con interés que ninguno de los informes de HRW que usted enumeró y citó en su carta se refieren a la tortura, entregas de la CIA, o la detención a largo plazo sin el debido proceso que han ocurrido durante la administración de Obama. A pesar de que acogemos con satisfacción el llamamiento de HRW a que se efectúen investigaciones penales con respecto a los abusos de derechos humanos cometidos durante la era Bush, parece que HRW no ha abogado para que se realicen investigaciones penales sobre cualquiera de estos abusos de la era Obama. De hecho, dos investigadoras de HRW registraron sus inquietudes públicas por la entrega de la base de Bagram por Estados Unidos al Gobierno afgano, debido a preocupaciones por el uso de la tortura por parte de Afganistán, sin jamás mencionar la tortura dirigida por Estados Unidos durante la era Obama en dicha base. Quizá haya algunas razones legítimas para las diferentes posiciones de HRW sobre ambas administraciones, pero combinado con la existencia del trasvase de funcionarios entre HRW y el Gobierno estadounidense, se refuerza la sospecha razonable de que los comentarios inapropiados de Malinowski en 2009 como empleado de HRW fueran influidos por su intención de integrarse al Gobierno de Obama, y que la posición decididamente más callada de HRW hoy sobre las políticas de Obama tenga que ver con sus vínculos a la administración.
Su segundo punto se relaciona con nuestro argumento de que a la luz de la carta de 2012 de Human Rights Watch al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a los fines de cuestionar la idoneidad del país como candidato para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su organización tenía razones para escribir una carta similar al presidente Obama expresando sus reservas sobre la posición de Estados Unidos en ese mismo consejo. En nuestra carta anterior, citamos el historial de violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos, que incluye un programa mundial secreto de asesinatos y detenciones ilegales de personas en la Bahía de Guantánamo. Usted ha contrarrestado, evitando la discusión sobre abusos comparables entre los dos países, y, en su lugar, ha argumentado que para HRW, “una preocupación central sobre la composición del consejo es si un Gobierno lo toma en serio, así como sus procedimientos especiales” y que Venezuela, a diferencia de Estados Unidos, no lo hace.
Sin embargo, bajo ningún estándar objetivo era esto una “preocupación central” de la carta de 2012 a Chávez, firmada por sus colegas José Miguel Vivanco y Peggy Hicks, que citamos originalmente. Después de afirmar en su introducción que “Venezuela actualmente está muy por debajo de los estándares aceptables” en “la promoción y protección de los derechos humanos”, Vivanco y Hicks describen específicas “políticas y prácticas del Gobierno [de Chávez]” y argumentaron que debían ser revertidas. Posteriormente, esta carta dedicó los 10 párrafos siguientes a argumentar que Venezuela no ha logrado asegurar la independencia judicial , la libertades de prensa y de la sociedad civil. Antes de concluir la misiva, Vivanco y Hicks dedicaron sólo un párrafo a la “cooperación con el Consejo de Derechos Humanos”.
Dado el amplio alcance de los contenidos y las prioridades de la carta de HRW a Chávez, su organización simplemente no tiene justificación defendible por su apoyo continuo en cuanto a la presencia de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aparte de su historial de derechos humanos mucho más sombrío que el de Venezuela, “Estados Unidos es el único país del mundo que vota en contra de todas las resoluciones del Consejo que se centran en la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados”, admite HRW. “El rechazo de Estados Unidos a cualquier resolución centrada en Israel y los [Territorios Palestinos Ocupados] e Israel [sic] expone su doble moral. La propia determinación de HRW, combinada con el rol de EE.UU en obstaculizar que el Consejo implementase las recomendaciones del Reporte Goldstone sobre crímenes de guerra cometidas por Israel durante el ataque contra Gaza en 2008-09, debilita el argumento de su carta que “en balance los Estados Unidos ha desempeñado un papel constructivo en el Consejo de Derechos Humanos.”
No es demasiado tarde para que HRW demuestre su independencia del Gobierno estadounidense y envíe una carta al presidente Obama en la que se destaquen las más flagrantes violaciones de derechos humanos de Estados Unidos, violaciones que deberían corregirse para que el país pudiera operar como miembro creíble del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La misiva de HRW podría exigir el fin a la “lista de asesinatos” extrajudiciales de Obama, una política estadounidense autoritaria para la cual un análogo venezolano es inexistente e inconcebible, y dicha carta podría, asimismo, condenar la intransigencia de Estados Unidos en el consejo, particularmente hacia los derechos humanos palestinos.
Nuestro tercero y último ejemplo cuestionó la falta de oposición de HRW a la consideración de Obama del bombardeo contra Siria en 2013 -una violación de la prohibición de la Carta de la ONU sobre la “amenaza o el uso de la fuerza” unilateral en los asuntos internacionales. Agradecemos su aclaración del mandato de HRW, “que es para monitorear que los gobiernos se adhieran al cumplimiento de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario”. Nosotros instaríamos a HRW a considerar la ampliación de su ámbito de competencia para adoptar la Carta de la ONU como fundamento para sus argumentaciones legales debido a la violaciones inevitables de derechos humanos que se producen como resultado de una guerra de agresión, considerada el “crímen internacional supremo” por el Tribunal Nuremberg.
Sin embargo, expresamos nuestra preocupación de que la neutralidad declarada de HRW sobre asuntos de guerra y paz se vea comprometida por sus declaraciones públicas de mal juicio, Sr. Roth. En el marco de intensa presión a favor de una campaña de bombardeo de Estados Unidos contra Siria a finales de agosto de 2013, usted prácticamente abogó en la red social por la intervención militar, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de negarlo en el contexto del belicismo. Una muestra de sus tweets incluyen los siguientes:
• Para justificar la inacción en #Siria , un alto general estadounidense repite el cliché de las viejas animosidades étnicas. Escuchado antes? Bosnia. Ruanda. trib.al/qSzrz1N
• General de alto rango sugiere que EE.UU. esté más interesado en un socio geopolítico en #Siria que en salvar a los civiles de una masacre . trib.al/WElNRGM
• ¡¿ Fue necesario un ataque químico para convencer a Obama/Kerry de que Assad no está interesado en una solución negociada ?! No más excusas. trib.al/viu2scd
• Si la masacre atroz en #Siria no hace que Obama actúe, quizá el escarnio lo hará trib.al/gp7HDo1
• Si Obama decide atacar a #Siria, ¿se conformará con el simbolismo o hará algo para proteger a los civiles ? trib.al/hl6QhA1
Tal conducta es impropia para el jefe de una importante organización de derechos humanos y va en contra del espíritu de la neutralidad oficial de HRW sobre la intervención inminente en Siria. Le animamos a demostrar un mayor tacto y responsabilidad a la luz de casi la inevitabilidad de que el bombardeo de misiles de Estados Unidos hubiese causado violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo el asesinato, mutilación y desplazamiento de muchos civiles inocentes, tal como ocurrió con el bombardeo de Estados Unidos contra Yugoslavia en 1999, e Iraq durante la invasión de 2003 y los años siguientes de guerra.
La abstención oficial de HRW de apoyar u oponerse a las guerras también parece haber sido descartado por Tom Malinowski en su artículo del 27 de marzo 2011, publicado en The New Republic, sobre la intervención de la OTAN en Libia. El artículo fue originalmente titulado “¿Por qué Obama no recibe crédito por haber detenido una atrocidad?”, y sostuvo que “la OTAN actuó más rápido [que en Bosnia] para detener las atrocidades en Kosovo.” En el caso de Kosovo, “pudimos ver y sentir la diferencia que hicieron Clinton y la OTAN”. Malinowski luego elogió la intervención de la OTAN en Libia como “la más rápida respuesta militar multinacional a una crisis de derechos humanos inminente en la historia” de la cual “deberíamos estar agradecidos”.
Como director en Washington de Human Rights Watch en el momento que se publicó el artículo, Malinowski no reveló su anterior rol de escribir los discursos de política exterior como Director General del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca durante los bombardeos de Clinton contra Yugoslavia en 1999. Tampoco incluyó en su descripción aséptica aquellas acciones que llevaron a su propia organización a concluir inconvenientemente que “la OTAN ha cometido violaciones contra el derecho internacional humanitario”. El artículo de Malinowski también omitió el carácter claramente inconstitucional de la intervención militar de Obama en Libia. Por otra parte, omitió evidencia de que la coalición de la OTAN había ido más allá del mandato de la protección de civiles de la Resolución de 1973 de la ONU y se trasladó al objetivo de cambio de régimen, conforme con los comentarios que había ofrecido Obama semanas antes: “Ya es hora de que Gadafi se vaya.”
Más notoriamente, al año siguiente (meses después de la divulgación del informe de HRW, “Las muertes no reconocidas: Bajas civiles de la campaña aérea de la OTAN en Libia”, en el cual se examinaron ocho ataques de la OTAN que mataron a 72 civiles) Malinowski expresó una alabanza incondicional a la intervención de la OTAN. Argumentó que “la administración de Barack Obama ofreció su apoyo más inequívoco a favor de un levantamiento de la primavera árabe” en Libya, donde prevalecen las consecuencias desestabilizadoras de la ayuda de la administración a armar a las fuerzas rebeldes. Al ignorar completamente el tema de los asesinatos de civiles a manos de la OTAN (confirmado por la propia HRW), Malinowski alegó en este artículo publicado el 2 de octubre 2012 por la revista Foreign Policy que “los acontecimientos recientes han reforzado, no debilitado, la razón fundamental para apoyar el cambio político en el mundo árabe”.
La defensa divorciada de los propios descubrimientos empíricos de HRW, aplaudiendo incondicionalmente las acciones militares de Estados Unidos y la OTAN en Libia y respaldando su pertinencia en otros lugares, es un resultado predecible de un ex funcionario del Gobierno de Clinton que se convirtió en el jefe de cabildeo en Washington de HRW, y que puede haber estado aspirando a un cargo en la administración de Obama al escribir dichas declaraciones. Sin embargo, esta labor de defensoría no hace nada para avanzar la preocupación expresa de HRW sobre la falla de la OTAN en “reconocer estas bajas o examinar cómo y por qué ocurrieron”.
Nos alienta, señor Roth, su voluntad declarada de “reclamar, como lo hemos hecho” en Kosovo y en otros lugares. No obstante, la trayectoria de HRW para hacer responsable a la OTAN de sus violaciones del derecho internacional humanitario es totalmente inadecuada. Javier Solana inició una guerra en violación de la Carta de ONU en 1999 y presidió el bombardeo deliberado de la OTAN contra una televisora serbia, un crimen de guerra que mató a 16 civiles, incluyendo a una maquilladora, un camarógrafo, un editor y un director de programa.
En su carta de mayo de 1999 a Solana, la cual mencionó ese bombardeo, usted exhortó a que “estos temas sean puestos bajo escrutinio pronto y rigurosamente”, y que “se lleven a cabo investigaciones criminales o disciplinarias”. La OTAN no implementó ninguna de sus sugerencias y no ha hecho responsable a nadie de aquella atrocidad o cualquier otro crimen en Yugoslavia. Y, a pesar de esto, Solana fue merecedor de un puesto en la junta directiva de HRW en 2011. Es difícil escaparse a la conclusión de que las amonestacion es de HRW sobre la conducta de la OTAN son impotentes, y que el posterior rol de liderazgo de Solana en HRW señala a ex y futuros líderes de la OTAN que violan el derecho internacional que no deberían arredrarse por las objeciones e indagaciones de HRW.
Finalmente, sobre nuestro énfasis en los vínculos de HRW con Estados Unidos, respondió usted al mencionar la vinculación de ex funcionarios de los Gobiernos de México, Perú, Sudáfrica y otros países a la organización. Sin embargo, nuestro enfoque se basa en los lazos de HRW con las divisiones de política exterior del Gobierno estadounidense, las cuales, a diferencia de las ramas de política exterior de muchos de los países que cita, están continuamente comprometidas en grandes abusos a los derechos humanos. Esta es una consecuencia del estatus de Estados Unidos como la única superpotencia militar del mundo, que viola frecuentemente el derecho internacional con impunidad y, como es el caso de la invasión a Iraq, es responsable por la muerte de cientos de miles de personas. Como se evidenció en una encuesta reciente, el resto del mundo ve a Estados Unidos como “la mayor amenaza para la paz en el mundo de hoy” por un amplio margen, por lo que la cercanía descarada de HRW al Gobierno estadounidense se percibe entendiblemente como una decisión muy política.
Uno de nosotros estaría encantado de reunirse con usted cuando sea conveniente en su oficina en Nueva York para dialogar sobre estos asuntos más a fondo y para entregar personalmente una petición firmada por más de 15.500 personas, junto con sus comentarios individuales de apoyo a la siguiente propuesta:
La credibilidad de una organización mundial de derechos humanos depende de su independencia. Human Rights Watch ha realizado un trabajo crítico e importante, pero puede hacerlo mejor. Debería implementar un período de al menos cinco años de “distanciamiento ” antes y después de que sus asociados se muevan entre HRW y las ramas de la política exterior del Gobierno de Estados Unidos. Los miembros de Human Rights Watch deben concentrarse en la protección de los derechos humanos. No deben tener conflictos de intereses con las carreras pasadas o futuras en los poderes públicos del Gobierno estadounidense que pueden a su vez estar involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Nos entusiasmaría recibir su respuesta y creemos que la implementación del periodo de distanciamiento, así como la expulsión de Solana de la junta directiva de la organización, serían los primeros pasos valiosos hacia mayor independencia. Le agradecemos por intercambiar con nosotros en temas que creemos que son esenciales para la consecución de los derechos humanos en todo el mundo.
Atentamente,
Mairead Maguire – Premio Nobel de la Paz (1977)
Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nobel de la Paz (1980)
Richard Falk – Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (2008-14)
Hans von Sponeck – Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas (1998-2000)
Keane Bhatt – activista, escritor