Violencia de género: Busca iniciativa en BC rechazar a futuros servidores

Servidores, de acuerdo con la iniciativa de ley, deberán demostrar que no son deudores de pensión alimenticia ni agresores sexuales

Regeneración, 29 de septiembre del 2019. Una declaración de “3 de 3 de violencia de género” dirigida a servidores públicos es la iniciativa que presentó una diputada local de Baja California.

La diputada Triny Vaca presentó la iniciativa para incorporarla a la Constitución local, y con ella evitar en el servicio público a deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales y de mujeres.

En una nota firmada por el periodista Antonio Heras, se especifican detalles de la iniciativa presentada por la legisladora.
Contempla uno de los transitorios que el Gobierno del Estado integre Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos y de Agresores Sexuales, de Intrafamiliares y de Género.
Requisito indispensable
Dicha iniciativa consiste en tener como requisito ineludible para todo servidor público no contar con antecedentes de ser deudor de pensión alimenticia.
Tampoco deberá ser acosador sexual, ni de agresor por razones de género.
“Nadie cuestiona y mucho menos está en contra de que se exija a servidores públicos, legisladores, líderes de partido y candidatos a cargos de elección popular, la publicación voluntaria de su declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos”, dijo la legisladora independiente.
Agregó que al mismo tiempo debería señalarse si un servidor público carece de antecedentes penales. Y cotejó aspectos civiles con responsabilidades conyugales y familiares.
“Pero es violento con su esposa o sus hijos, si un funcionario está al corriente de sus impuestos, pero es un deudor alimentista y si está bien que no tenga conflicto de intereses económicos o políticos pero es un depredador o acosador sexual”.

Una visión interinstitucional

Vaca Chacón se pronunció por establecer una transversalidad efectiva en la administración pública estatal y municipal.

Se declaró, además, en favor de que se cuente con una visión interinstitucional en la aplicación de las políticas públicas.

Dichas políticas estarán enfocadas en prevenir y atender la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres.

La iniciativa consiste en reformar al artículo 8 de la Constitución local.

Cabe señalar que surge a partir de los planteamientos realizados en un encuentro de organizaciones defensoras de derechos humanos y de grupos feministas en el Congreso de Baja California.