Pronto se hizo evidente que las fuerzas de seguridad pública no estaban preparadas para semejante tarea, sin un trabajo previo de inteligencia y con organismos policiales corrompidos e infiltrados por los grupos criminales.
La “guerra” se emprendió sin depurar las aduanas y puestos fronterizos, sin controles financieros que impida el “lavado de dinero”, sin programas para sustituir cultivos de los campesinos involucrados en siembras ilícitas ni acciones de educación y salud públicas orientadas a prevenir y curar las adicciones. A Calderón poco respeta las leyes y descalifica las denuncias sobre las ilegalidades: uso indebido de las Fuerzas Armadas, atropello sistemático a las garantías constitucionales y ejecuciones extrajudiciales de cientos de personas a las que el gobierno presenta como “sicarios” o “criminales”, sin necesidad de probarlo ante los jueces.
La guerra de Calderón ha sido contraproducente en todos los aspectos: la inseguridad y la violencia se multiplicaron y se extendieron a todo el país; los delitos no han dejado de crecer y las organizaciones criminales exhiben un poder de fuego y capacidad organizativa, económica y logística sin precedentes.
Lejos de ganar legitimidad y autoridad, Calderón enfrenta hoy el repudio popular por su irresponsabilidad e ineptitud; las instituciones públicas están más desgastadas que nunca, y muchas regiones son tierra sin ley, en donde la población está atrapada entre asesinatos, levantones y secuestros perpetrados por grupos delictivos, y las atrocidades cometidas por policías y militares.
Diversas voces de la sociedad han pedido que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, pero Calderón se ha empecinado. Sin embargo, en abril de este año, tras múltiples denuncias por asesinatos de inocentes a manos de soldados en Ciudad Juárez, Tamaulipas y Nuevo Léon, el gobierno anunció una nueva etapa, en la que los militares transferirán, paulatinamente, el combate al crimen organizado a las autoridades civiles. No obstante, el secretario de la Defensa Nacional precisó que el Ejército permanecerá 10 años más en las calles y demandó legalizar su participación en tareas de seguridad pública.