El Consejo Tribal envió un documento en que piden alto a violaciones a sus derechos, y el reconocimiento como pueblo originario
Regeneración, 22 de mayo 2026– La comunidad Apache Chiricahua presentó un fuerte reclamo a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y a la Mesa Directiva del Congreso de Chihuahua, pidiendo que se detenga la votación en el Pleno sobre las iniciativas de ley 626 y 636.
Irregularidades
Mediante un documento bien fundamentado, la comunidad señaló varias irregularidades en el procedimiento legislativo que busca regular su reconocimiento.
Acusaron a los legisladores de quitarles derechos importantes y de intentar imponerles una identidad que no les corresponde.
El conflicto aumentó después de que, el 19 de mayo, la Comisión de Pueblos Indígenas retirara de la iniciativa 636 una propuesta.
Esta era la propuesta original para modificar el artículo 8 de la Constitución del Estado de Chihuahua.
Modificación
Los manifestantes destacaron que solo se dejó una modificación a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural.
Con esto, los legisladores disminuyeron el reconocimiento constitucional a un acto meramente «folclórico».
Despojando al pueblo Apache de su identidad jurídica y de los derechos que les corresponden.
Además, los representantes de la comunidad expresaron su firme desacuerdo con el término “N’dee/N’nee/Ndé” que se quiere incluir en la ley.
No aceptan término
Negaron las afirmaciones de la Secretaría Técnica sobre supuestos acuerdos.
Aclararon que el pueblo Chiricahua no acepta ese término, considerándolo una imposición.
La comunidad sostiene que el actual proceso legislativo infringe el derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Esto está en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Anulación de leyes
La SCJN ya ha anulado leyes anteriormente (como en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018) por no seguir este procedimiento.
Los afectados mencionaron que el dictamen se realizó sin abrir el proceso al público, sin asambleas ni intérpretes.
Y se priorizó un informe del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que ni siquiera fue compartido de manera clara con los propios legisladores.
La inconformidad también se relaciona con una herida histórica profunda.
Consejo Tribal
El Consejo Tribal acusó al Estado de querer legislar sobre su existencia después de 130 años de negación oficial.
Ignorando la necesidad de medidas de verdad, justicia y reparación por las políticas exterminadoras del siglo XIX, como las llamadas “contratas de sangre”.
“El pueblo Apache Chiricahua no necesita que el Estado le ‘de’ existencia, porque nunca dejó de existir”, afirmaron en su declaración escrita.
“Necesitan que el Estado ponga fin a la violación continua de su derecho a existir legal y culturalmente.
No es justicia
Un proceso legislativo que no consulta, no repara y no reconoce derechos fundamentales, no es un acto de justicia.
Es solo una continuación del estigma y la persecución por otros medios.”
La solicitud específica entregada a los líderes del Congreso del Estado pide que no se incluyan los dictámenes para su última discusión.
Esto sucederá hasta que se restablezca el proceso y se asegure el rango constitucional de su capacidad jurídica, honrando su nombre y su dignidad histórica.
