Aunque la interrupción del embarazo es un derecho de las mujeres, los médicos se pueden negar a hacerlo, por suerte, hay varias instituciones que respetan este derecho.
Por Fabiola Rocha
Regeneración, 10 de octubre de 2017.- Con la aprobación de la nueva Ley General de Salud, médicos y enfermeras podrán objetar a su conciencia antes de realizar un aborto, lo que podría significar una manera de negar derechos de salud a mujeres en situaciones de embarazos no deseados.
Según la nueva ley, “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”.
Recordemos que gracias a la norma 046, no hay restricciones para interrumpir un embarazo por violación en cualquier estado de la República; es decir, el aborto es permitido por causales como violación, cuando significa riesgo de vida para la madre o cuando el feto tiene una condición que no es compatible con la vida.
La nueva ley, sin embargo, sería un candado moral para algunas mujeres que han sido violentadas. Es decir, que si un médico del sistema de salud, le parece que es inmoral que una mujer aborte al producto de una violación, puede negarse a hacerlo.
Pese a esta “objeción de conciencia”, las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, pueden acudir a instituciones interesadas en su salud, que respetan sus decisiones y derechos.
Una de esas clínicas es Acompáñame, un Centro de Atención Integral para la Pareja, que además de ser un lugar para interrupción del embarazo, brindan servicios de salud sexual y reproductiva, dirigido por Ana María Camarillo Zavala, quien habló de su trabajo en una entrevista.
“No podemos seguir negando que hay necesidad de atender un problema de salud, no sólo complejo sino además que afecta de manera determinante la vida de un ser humano o de dos o de tres o de cinco, el impacto emocional, económico y social, no sólo es de la mujer que está embarazada producto de una violación, sino viene una segunda persona afectada, y a veces, muchas más, entonces, ahí fue cuando nos empezamos a preguntar la parte ética de la medicina, decir, bueno, yo qué estoy haciendo”, contó en entrevista.
Camarillo Zavala empezó su trabajo en derechos sexuales y reproductivos luego de atender durante años a mujeres en comunidades indígenas, donde padres, hermanos, tíos y abuelos, constantemente abusan y embarazan a las mujeres de la familia.
“Me empecé a preguntar dónde, cómo poder facilitar el acceso de las mujeres a un problema de salud bastante complejo que era el embarazo por violación, por ejemplo violación del padre, violación del hermano, violación del abuelo, que en esa zona en la que yo trabajaba había como mucha frecuencia esa situación de violencia dentro del núcleo familiar, pues adolescentes, generalmente las violadas son mujeres muy jóvenes y empecé a buscar con otro grupo de amigos dónde podemos canalizar a estas chicas o dónde podemos buscar, porque no tienen denuncia. No van a denunciar al padre, al abuelo, porque tienen unas dinámicas muy complejas; dependen económicamente de ellos, son una familia con unas necesidades extremas”, relató.
Según la médica, los profesionales de la salud que se niegan a realizar abortos, temen principalmente al “estigma profesional”.
“Un elemento que es limitante para la prestación de estos servicios que es lo que llamamos el ‘estigma profesional’, primero está el ‘estigma social’ y hay que romper con él; que otros profesionales sepan que presto servicios, que la familia sepa en qué estoy trabajando, que mis amigos cercanos, hay que ir rompiendo con eso”, indicó.
“Si ese profesional no puede ir haciendo extensivo que desde su forma de ver la vida y ver las necesidades de los seres humanos cómo puede él conceptuar que es un derecho, que es un problema de salud grave, grave en todos los sentidos, no sólo para la mujer que está embarazada, sino para la sociedad también tiene implicaciones muy severas”.
Para la doctora es muy importante que se haga una diferencia entre el problema moral de la interrupción del embarazo, y lo que representa un embarazo no deseado como un problema médico.
“Cuando una mujer viene a mi consultorio, me viene a plantear un problema de salud; ella tiene cierto derecho a decidir sobre su cuerpo, pero muchas mujeres están tomando una decisión para salvar su vida, no sólo su cuerpo, sino su vida en general, entonces, cuando la mujer viene aquí, me plantea un problema concreto que es un problema de salud: ella está sintiendo malestar de ese embarazo, que tiene, físico, emocional; y que yo soy un profesional de la salud que tengo que atender y por eso pienso que cuando nosotros ponemos una limitante de las semanas de edad gestacional a las mujeres, pues es nuevamente imponiendo la autoridad médica”.
Mientras los legisladores juegan con los derechos de las mujeres, imponiendo la decisión moral de un médico sobre el derecho de una mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, hay instituciones que pueden ayudar, médica, psicológica y legalmente con la decisión de interrumpir un embarazo.
Acompáñame, Centro de Atención Integral para la Pareja se encuentra en Avenida Canal de Miramontes 2342, Colonia Avante, sus teléfonos son 56782504 y 56781579. También está disponible su página de Facebook.