La SCJN ratifica que pueblos indígenas poseen libre determinación. Avala sus normas internas siempre que respeten derechos humanos
Regeneración, 23 de junio de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó un precedente fundamental.
Reconoció el derecho a la libre determinación de las comunidades.
Esto incluye el derecho a preservar formas propias de organización.
También pueden resolver conflictos mediante sus normas y procedimientos internos.
El caso analizado involucró a la comunidad zapoteca de San Juan Atepec.
Esta comunidad sancionó a un integrante por incumplir servicios obligatorios.
La asamblea ordenó recuperar un predio para un proyecto comunitario.
El pleno determinó que «los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación».
Este derecho es un pilar esencial de la justicia multicultural mexicana.
El equilibrio con los derechos humanos
La controversia surgió tras la demolición de una vivienda comunitaria.
Una sala especializada en justicia indígena validó originalmente dicha sanción.
Posteriormente, el asunto fue elevado hasta el Máximo Tribunal nacional.
La Corte determinó que la medida comunitaria era constitucionalmente válida.
No obstante, el tribunal exigió respetar los derechos humanos básicos.
La SCJN estableció que las determinaciones «debían ser compatibles con los derechos humanos».
Se buscó proteger la identidad y supervivencia de la comunidad zapoteca.
Simultáneamente, se ordenó garantizar el derecho a una vivienda digna.
Garantía de una vida digna
El litigio regresó a la Corte tras diversos recursos judiciales.
Se evaluó si existió algún exceso en la sentencia anterior.
El tribunal concluyó que el criterio constitucional se aplicó correctamente.
Se mantuvo la validez de la sanción impuesta por asamblea.
Sin embargo, se otorgó el amparo para ajustar la compensación.
La autoridad debe verificar que la reparación permita construir una «vivienda con condiciones básicas de dignidad».
Esto incluye servicios como agua potable, electricidad y drenaje funcional.
El Estado debe asegurar que la autonomía no vulnere derechos.
