España acuerda extradición de Emilio Lozoya a México

La Audiencia Nacional Española acordó este lunes la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Regeneración, 6 de julio de 2020. La Audiencia Nacional española (AN) acordó este lunes la extradición a México del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya para ser juzgado por tres delitos relacionados por corrupción.

Los tres casos que podrían alcanzar a altos exfuncionarios de Enrique Peña Nieto, entre ellos el mismo expresidente y Luis Videgaray Caso, su hombre de confianza desde años antes del sexenio 2012-2018, de acuerdo con Europa Press. 

Lozoya dispuesto a cooperar con la FGR

Lozoya se ha mostrado dispuesto a cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR) y él mismo, por el acuerdo que llegó con Alejandro Gertz Manero, decidió solicitar a la Audiencia Nacional que se le extradite.

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Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dicho que espera que este juicio pueda alcanzar para otros casos de presunta corrupción de sexenios anteriores. Emilio Lozoya tuvo un puesto importante con Peña Nieto desde la campaña política y dentro del Gobierno.

En este sentido, López Obrador aseguró el domingo que el exdirector de Pemex se ofreció a hablar acerca de las investigaciones sobre corrupción en la paraestatal.

El residente dijo que Lozoya “ofrece que va a hablar”, y añadió que “va a ser interesante que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyo el dinero”.

Cabe señalar que las investigaciones involucran supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht y la compra en 2015 de una planta fertilizadora por parte de Petróleos Mexicanos a un precio inflado.

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Emilio Lozoya cedió el mes pasado en su lucha por impedir su extradición desde España y accedió regresar a México.

Los hechos por los que está reclamando en la primera causa indican que Lozoya, antes de ocupar el cargo de director general de Pemex, se comprometió con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), representada por Alonso Ancira, “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.