Hijo de Claudio X. González tuvo millonarios negocios con CFE y Pemex

La nueva administración de la CFE ordenó en 2019 una investigación por las irregularidades que existían en 33 contratos de empresas que vendían energía a la Comisión.

Regeneración, 20 de junio del 2020. Uno de los más férreos críticos del gobierno de López Obrador, ha sido el empresario Claudio X. González, quien preside las organizaciones “Mexicanos Primero” y “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.

González también fue quien trato de impedir la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía e intento detener el proceso de construcción a través de decenas de amparos.

Ahora, durante el proceso de depuración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sector energético del país, el apellido de la familia X. González es el que más resuena.

Y es que, uno de sus seis hijos, Guillermo González Guajardo es poseedor de una serie de negocios relacionados a este ámbito.

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González Guajardo estructuró en la década de 1990 una red de empresas privadas dedicadas a la generación, venta e importación de energía. Esto durante su paso como consejero de Kimberly-Klarck, de la cual preside su abuelo Claudio X. González Laporte.

Un entramado político-empresarial

La influencia de la familia X. González le permitió a Guillermo tener negocios al amparo del poder político en los anteriores gobiernos.

Guillermo podría estar detrás de la construcción de la hidroeléctrica privada El Naranjal, en Veracruz, así como del gasoducto Tamazunchale, según investigaciones periodísticas hechas por la revista Contralínea en 2013.

En ese entramado político-empresarial, sobresale el nombre de Pablo Edgar Herrán Salvatti, hermano del exprocurador de Chiapas, quien fungió como su socio y mano derecha.

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Desde esa fecha CFE ha pagado por energía privada más de 730 mil millones de pesos, además de tener comprometido un billón 676 mil 665 millones para las próximas décadas

Es por ello que la nueva administración de la CFE emprendió en febrero de 2019 una investigación a las empresas privadas del sector eléctrico. Específicamente a 33 contratos de centrales generadoras que le venden energía a la Comisión.