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En España y no en México, fue evidenciada la red de corrupción de César Duarte y demandado por una deuda de 4 millones de dólares que quiso pagar en parte con recursos estatales.

 

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Regeneración, 10 de agosto de 2016.- En España y no en México, fue evidenciada la red de corrupción del gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez ante las autoridades judiciales de ese país, donde fue demandado junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo accionista de Unión Progreso, su institución financiera en proceso de convertirse en banco, por una deuda de casi 4 millones de dólares que presuntamente quiso pagar en parte con recursos estatales.

Concepción Martínez Parra, letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, ordenó ejecutar en cualquier momento un embargo contra los bienes de los demandantes, a petición de los representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez y Corporación Empresarial, S.L (ACM). El plazo para cumplir el exhorto es inmediato.

El abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien demandó en 2014 a Duarte Jáquez por peculado, uso indebido de atribuciones de la función pública y enriquecimiento ilícito ante la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que tiene contacto con la empresa demandante y que se encarga de la cobranza, así como con el despacho que lleva el caso.

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García Chávez afirma que la columna vertebral de desvío de recursos es precisamente Unión Progreso o el Banco Progreso Chihuahua.

Explica que existe una orden de embargo desde que el juez español envió a la cancillería española el exhorto para que México atienda el caso a través del Poder Judicial de la Federación. Éste lo canalizó a un juez de distrito de Chihuahua para que obligue a Duarte y compañía a pagar 3 millones 760 mil 570 dólares.

Para García Chávez, el juicio “evidencia el modo en el que Duarte estaba operando para pagar deudas con recursos públicos, pero la corporación (española) tiene ética e intereses en Chihuahua, sobre todo en la región de Anáhuac (municipio de Cuauhtémoc) y la empresa está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar el dinero que utilizaron en la compra de invernaderos para hacer una pradera, entre otras cosas”.

El exhorto es resultado de una demanda presentada el 23 de septiembre de 2015 por la empresa fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, para reclamar el pago de los productos mencionados a Duarte Jáquez, su esposa y Martínez Corrujedo.

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Esta última tiene acciones por 45 millones de pesos en Unión Progreso, es esposa del ganadero y maderero Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte Jáquez que desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de Parral. Era hermano de Víctor Guzmán Orquiz, quien fue director de Desarrollo Forestal durante casi todo el sexenio de Duarte Jáquez.

La empresa Ángel Cano Martínez demandó a los Duarte, Gómez y Martínez Corrujedo cuando intentaron negociar una parte de la deuda, 2 millones de dólares, con recursos sustraídos del erario de Chihuahua. Y para no poner en duda la ética y solvencia moral de su corporativo, decidió demandar y exigir judicialmente la cobranza.

En el exhorto de las autoridades judiciales españolas, piden embargar cinco propiedades de Martínez Corrujedo: cuatro ubicadas en Chihuahua y otra que está en Casas Grandes.

Las propiedades del matrimonio Duarte Gómez sujetas de embargo son: 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743 de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre de 2012.

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Las sociedades financieras de Unión de Crédito Progreso, Akala S.A. de C.V.S.F.P., y Única Casa de Cambio S.A.; el hotel Soberano (hoy Sheraton), que fue centro de operación de la campaña a la gubernatura de Duarte y del excandidato priista Enrique Serrano Escobar; Hidroponia de Parra, S.A. de C.V.; Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V., e Hidroponia de Chihuahua.

De igual forma están sujetos a las medidas cautelares los saldos de cuentas corrientes de Duarte y Olga Gómez depositados en el Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey.

Lo mismo ocurre con 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicados en Parral, nueve en el municipio de Balleza y otra de Ciudad Juárez.

Además de las cuentas corrientes de Martínez Corrujedo, están sujetas a embargo sus acciones en Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y Edificaciones, Banco Progreso de Chihuahua y cinco fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

El juicio sigue en curso, indica García Chávez.

Con información de Proceso.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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