En Guerrero, la Policía Comunitaria inició en 1995, pero se asentó en 2012 y 2013, por la crisis de seguridad, en ese contexto surgió la comandanta Nestora Salgado.
Por Luis Hernández Navarro| La Jornada
Regeneración, 27 de mayo de 2018.- Que una genuina explosión de inconformidad popular contra la inseguridad pública. Sin coordinación entre sí, a finales de 2012 y comienzos de 2013, miles de ciudadanos y comunidades se levantaron en Guerrero y Michoacán para enfrentar a la delincuencia organizada y ejercer justicia. Nestora Salgado encabezó esa revuelta en Olinalá, en la Montaña guerrerense.
Aunque desde septiembre de 1995 los montañeros comenzaron el proceso organizativo que dio origen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la ola de descontento de los pueblos contra el crimen organizado de finales de 2012 fue tan vigorosa y espontánea que, en un primer momento, desbordó a esta organización. De manera natural, esa movilización se engarzó con las protestas en contra de la reforma educativa.
La lucha por la autodefensa popular se extendió a nuevos municipios de la Montaña, la Costa Chica y las comunidades afrodescendientes, distintos de los enclaves tradicionales de la CRAC-PC. Tixtla, Ayutla, Huamuxtitlán, Cochoapa, Azoyú, Tecoanapa, Cualac y Olinalá fueron algunos de ellos.
En parte, el crecimiento de la delincuencia en la región tuvo que ver con el descabezamiento del cártel de los Beltrán Leyva. Su caída provocó la pulverización de sus células criminales y el repliegue de algunas de ellas a nuevos territorios. Los narcotraficantes se asociaron con los delincuentes tradicionales (abigeos, ladrones de autos, traficantes de personas) y estrecharon vínculos con políticos, caciques, policías y militares. La inseguridad pública se recrudeció y con ella creció el hartazgo social.
Lejos de frenar la delincuencia, la presencia del Ejército en la región, parte de una estrategia de contrainsurgencia, precipitó la descomposición social y política comunitaria. La economía se narcotizó y la venta de armas se convirtió en un gran negocio.
La violencia se cebó en los dirigentes sociales y ecologistas. Tan sólo en los primeros dos años y medio del gobierno de Ángel Aguirre fueron asesinados o desparecidos 13 líderes populares.
Uno de los focos organizativos más relevantes de la lucha contra la inseguridad fue Olinalá. Durante 2011 la situación se volvió allí insoportable. Los Rojos se adueñaron del municipio. Crecieron los secuestros, el robo a casa habitación, los asaltos a plena luz del día y las extorsiones. Una mezcla de temor y rabia se apoderó de sus habitantes. Finalmente, la gota que derramó el vaso del descontento fue el secuestro y asesinato de un joven taxista que se negó a pagar el derecho de piso. El 27 de octubre la población se levantó en armas, tomó en sus manos la seguridad y nombró una Consejo de Supervisión y Vigilancia.
Ese día, de entre la crispada multitud, sobresalió una mujer que desde 2013 había regresado al pueblo, después de vivir y trabajar durante 11 años en Estados Unidos, primero como indocumentada y luego con la ciudadanía estadunidense: Nestora Salgado. Su temple y buen juicio evitó que la turba prendiera fuego a un grupo de muchachas, novias de los sicarios.
Le siguió la organización. Nestora realizó asambleas barrio por barrio. En marzo de 2013, la Policía Ciudadana nació formalmente en el municipio. Dos meses después ingresó a la CRAC-PC. Salgado fue elegida coordinadora. En 10 meses, la tasa de criminalidad disminuyó en 90 por ciento y no se produjo homicidio alguno. El gobernador Ángel Aguirre calificó de “heroico” el levantamiento contra la delincuencia de los olinaltecos.
En su labor como comandanta, Nestora se topó con una red de pornografía infantil, tratantes de personas, políticos corruptos que presionaba a comerciantes locales para que se retiraran de la venta de materiales de construcción y con secuestradores. Temeroso con la radicalidad de la impartición de justicia en el municipio, el gobierno estatal amenazó a Nestora para que limitara su acción a la cabecera municipal y se encargara de resolver exclusivamente asuntos menores. Madres de las chicas que estuvieron a punto de ser quemadas vivas por el pueblo y que eran explotadas sexualmente, le solicitaron a Salgado que resguardara a sus hijas para reducarlas.
Casi de inmediato, la Policía Comunitaria de Olinalá chocó de frente con el alcalde Eusebio González Rodríguez, actualmente presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, y a quien, según Nestora, los narcos le pagaron la campaña. También con el síndico Armando Patrón Jiménez. Ambos son parte de un grupo priísta con vínculos con el crimen organizado y ramificaciones en el gobierno estatal. Uno de los integrantes del clan, Manuel Sánchez Rosendo, presidente municipal de ese municipio dos veces, está preso en el penal de Almoloya, sentenciado por delincuencia organizada y por secuestrar al primo de Nestora. Cuando Patrón Jiménez fue alcalde entre 1984-1986, fue señalado por el delito de abigeato. En agosto de 2013, el síndico fue detenido por la comandanta Salgado (bajo el amparo de la Ley 701), acusado de alterar la escena de dos asesinatos y robar ganado.
El 21 de agosto de 2013, un operativo militar liberó de la prisión comunitaria a Patrón Jiménez. Horas después, soldados y marinos detuvieron sin orden de aprehensión a Nestora y la trasladaron a una prisión de alta seguridad en Tepic. Con pruebas falsas se le siguieron seis procesos: secuestro de cuatro personas entre ellas jóvenes explotadas sexualmente y sujetas a reducación, cuyas madres recibieron 20 mil pesos del alcalde para cambiar su versión de los hechos y culpar a la comandanta; robo y privación ilegal de la libertad, y homicidio, el 13 de agosto de ese año, justo el mismo día y hora en el que ella se encontraba dando una conferencia de prensa en Tixtla, a más de tres horas de distancia de donde se dieron los hechos.
La detención de la comandante fue el banderazo de salida de una ofensiva represiva gubernamental contra las policías comunitarias en Guerrero. Fueron arrestados también Bernardino García, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Muchos más fueron perseguidos. Se dividió a la CRAC-PC y algunos de sus dirigentes sobornados. El 26 de septiembre de 2014, esta escalada alcanzó su punto más alto con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Con las policías comunitarias acotadas y golpeadas, el crimen organizado recuperó buena parte del territorio perdido. La inseguridad pública creció. Los narcos se enseñorearon. De seguro brindaron con Buchanans para celebrar la arremetida contra Nestora
