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En Chihuahua el PAN impondría obras, como los megaproyectos, por medio de la fuerza pública ante protestas ciudadanas. Les darían hasta tres años de cárcel

Regeneración, 1 de agosto del 2018. El Partido Acción Nacional (PAN), en Chihuahua, propuso en el Congreso local la utilización de la fuerza pública en contra de ciudadanos que se opongan a construcciones, en los articulados de la nueva Ley de Obras Públicas. Así las obras públicas serán impuestas por la fuerza independientemente de la opinión ciudadana o el cumplimiento de derechos como la consulta a los Pueblos Indios.

“Según el artículo 65 de esta ley, en su tercer párrafo, cualquier tercero ajeno a la relación del contrato de obra pública que impida, obstaculice, detenga o por cualquier medio de hecho interfiera con la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública deberá ser inmediatamente retirado por el Ente Público, solicitando el uso de la fuerza pública”, informó Entre líneas.

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Así por ejemplo, el gobierno del Estado o Federal, podría realizar obras como las turísticas en la Barranca del Cobre sin consultar a rarámuris y hacer uso de la fuerza bajo el amparo de la ley que propone el PAN.

Así lo entienden desde las redes sociales, donde se han hecho fuertes críticas a las intenciones represivas del gobierno del panista Javier Corral; por ejemplo este la opinión de un ciudadano en Facebook:

“la intensión de incluir el uso de la fuerza publica cuando los ciudadanos y/o comunidades se oponen a obras o actos de gobierno que no fueron debidamente sometidas a consultas amplias e informadas a la comunidad y que requieren de aceptación de éstas obras, así como detener aun las obras cuando no se sujetan “religiosamente” a lo informado a la comunidad o cuando hubo dolo para que fuese aceptado por la comunidad”.

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Además de la coacción con el uso de la fuerza pública, el artículo 120 del capítulo cuarto, fracción V, referente a los delitos y responsabilidades, establece que cometerán el delito relacionado con la obra pública cuando algún tercero ajeno a la relación del contrato de la obra pública impida, obstaculice, detenga o por cualquier medio de hecho interfiera con la ejecución de los trabajos.

Para este delito se está previendo una sanción de uno a tres años de prisión e inhabilitación para celebrar contratos con cualquier ente público por tres años en caso de que el responsable sea una persona moral.

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Estos articulados han sido rechazados por sindicatos de materialistas y transportistas pues ellos realizan bloqueos a obras cuando los contratistas o empresarios no cumplen con las disposiciones de los contratos.

Representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Secretaría de Obras Públicas rechazaron la eliminación de estos artículos pues consideraron que los mismos protegían los intereses de los empresarios y por parte de la secretaría estatal se precisó que los materialistas no se verían afectados pues no son ajenos a las obras que se realizan.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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