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La iniciativa de ley, promovida por César Camacho, mantendría al ejército en las calles por encima de tratados internacionales y la Constitución.

 

Regeneración, 27 de noviembre de 2017.- La ley de “seguridad interior”, promovida por el PRI, busca mantener al ejército en las calles para labores policiales, en contra de la población, la Constitución y los tratados internacionales a los que México está suscrito.

Así lo señalaron alrededor de 240 organizaciones civiles y 200 especialistas, académicos, activistas y víctimas de abusos castrenses, quienes en conferencia de prensa, alertaron por esta iniciativa.

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Agrupador en el colectivo #SeguridadSinGuerra, varios portavoces entre ellos Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), calificó de “irresponsable” que los priistas y sus aliados pretendan dar más poder a las Fuerzas Armadas que pese a su presencia en las calles desde hace 20 años, no se ha podido enfrentar a la delincuencia.

“(Hay) más de 50 mil elementos del Ejército y esto no ha sido suficiente para bajar el índice de violencia, es contradictorio”, indicó.

Por otro lado, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); señaló la incidencia en delitos como la desaparición, en lugares con mayor presencia de efectivos del ejército, como el caso de Tamaulipas.

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Advirtió que la iniciativa propuesta por César Camacho, hay por lo menos 12 violaciones a la Constitución, y que busca “obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas y en particular a las de desaparición”.

Entre otras cosas, con la Ley de Seguridad Interior, se le darían atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas, podrían obligar a los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a proporcionar información; podrían deponer e imponer policías civiles en estados y municipios; se violaría el derecho a la información pues todos los operativos castrenses estarían clasificados como reservados, se negaría el derecho a las víctimas a litigar en casos de abusos; podrían reprimir manifestaciones en tanto que la legislación pretende diluir la responsabilidad penal y política del Presidente de la República y las Fuerzas Armadas.

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Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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