La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausura un predio minero en Zacatlán por realizar cambios ilegales de uso de suelo
Regeneración 8 de julio de 2026.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicó un cierre total provisorio a una mina de feldespato en Zacatlán.
Las autoridades detectaron la remoción ilegal de vegetación en un terreno boscoso ubicado dentro del paraje El Ranchito.
La empresa operaba sin los permisos de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La intervención gubernamental busca detener el deterioro forestal generado por los trabajos pesados de extracción de minerales.
Este importante operativo de fiscalización se ejecutó de manera coordinada con diversas corporaciones de seguridad del Estado mexicano.
Elementos de la Policía Forestal Estatal y personal adscrito a la Secretaría de Marina resguardaron las acciones de los inspectores.
La acción derivó de las constantes quejas emitidas formalmente por el Comité de Atención Ciudadana de la Zona Alta.
Las movilizaciones comunitarias resultaron fundamentales para lograr el cese de las actividades extractivas irregulares en la localidad.
Regulaciones estrictas e implicaciones legales
La dependencia federal recordó que la explotación de yacimientos mineros se encuentra rigurosamente normada por las leyes del país.
Cualquier modificación de terrenos forestales sin previa autorización oficial puede tipificarse directamente como un grave delito federal.
El Código Penal Federal establece sanciones específicas dentro de su articulado para castigar penalmente a los responsables de estos actos.
El proceso administrativo correspondiente continuará su curso legal durante las próximas semanas en los tribunales del sector.
A pesar de este cierre preventivo, la preocupación de la comunidad indígena local persiste debido a la actividad minera.
Los registros de la Dirección General de Minas confirman que todavía existen nueve concesiones plenamente vigentes en la demarcación.
Diversas corporaciones privadas poseen permisos legales para realizar excavaciones dentro de los bosques nativos de la Sierra Norte.
La presencia de múltiples proyectos autorizados mantiene en alerta constante a los pobladores y agricultores de la zona.
Compromiso con la vigilancia ambiental
La procuraduría ambiental se comprometió públicamente a mantener mesas de trabajo permanentes con los habitantes afectados de la región.
En dichos encuentros previos participaron funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y representantes de la Secretaría de Gobernación.
Las instituciones buscan esquemas integrales para garantizar la seguridad hídrica y territorial de los pueblos originarios de Puebla.
El cuidado de los recursos naturales prioritarios guiará las acciones conjuntas de inspección en los meses venideros.
Para concluir el reporte oficial, se anunció un incremento sustancial en los patrullajes preventivos del territorio municipal.
Los inspectores federales revisarán minuciosamente cada yacimiento activo para comprobar la vigencia real de todas sus licencias operativas.
Las autoridades vigilarán estrictamente que no ocurran nuevas afectaciones en los ecosistemas frágiles de la alta montaña.
El resguardo del entorno ecológico forestal representa una meta prioritaria e irrenunciable para la federación.
