Israel prohibe labor humanitaria de Oxfam, Consejo Noruego para la Paz y otros. Tribunal Supremo de Israel dictará sentencia definitiva
Organizaciones humanitarias recurren al Tribunal Supremo de Israel para evitar el cese de operaciones en Gaza y Cisjordania
Regeneración, 27 de febrero de 2026.– Decenas de organizaciones internacionales presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel esta semana. Buscan frenar una orden que exige el cierre inmediato de sus operaciones humanitarias vitales. Entidades como Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados lideran esta importante acción legal.
Solicitan la suspensión cautelar de las medidas que afectan a Gaza y Cisjordania ocupada. A lo que inicialmente el Supremo Tribunal de Israel accedió, aunque la medida es temporal hasta la sentencia.
La disputa inició por una instrucción emitida por las autoridades israelíes en diciembre de 2025. Dicha orden exige a las organizaciones entregar datos personales de contacto de miles de empleados.
Las ONG argumentan que cumplir esta exigencia resulta inviable bajo las estrictas leyes europeas. Transferir esa información constituiría una infracción penal y administrativa para las entidades internacionales. El grupo invoca precedentes legales de la Unión Europea sobre la privacidad de datos personales.
Sostienen que la exigencia vulnera el principio de minimización de datos y la seguridad individual. Entregar números telefónicos del personal pone en riesgo la integridad física de los trabajadores locales. Afirman que recopilar información para una parte del conflicto contradice su necesaria neutralidad.
«Médicos Sin Fronteras y el Consejo Noruego para los Refugiados, han solicitado al Tribunal Supremo de Israel que les permita continuar operando en Gaza».
Impacto crítico en la asistencia humanitaria
La relevancia de estas organizaciones en los territorios palestinos es fundamental para la supervivencia básica. Más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza depende directamente de estas agencias. Además, financian el 60% de la operatividad de los actuales hospitales de campaña instalados.
Casi el 75% de la distribución de bienes no alimentarios depende de su gestión. Las ONG son responsables de todos los tratamientos para menores con desnutrición aguda grave. También gestionan el 30% de los servicios de educación de urgencia en zonas de conflicto.
Incluso financian la eliminación de más de la mitad de dispositivos explosivos en el área. El cierre de sus licencias dejaría desprotegidas a miles de familias bajo bloqueo. El impacto de los cierres forzados comenzaría a partir del próximo 28 de febrero.
Las organizaciones advirtieron ante la prensa sobre las consecuencias de avanzar con esta orden administrativa. Alertan que la medida podría derivar en un “colapso humanitario” de proporciones sumamente graves. La población civil perdería su única fuente de auxilio en un entorno ya restrictivo.
Arbitrariedad administrativa y falta de fe
Cerca de 37 organizaciones recibieron notificaciones de que sus registros expirarían de forma casi inmediata. El documento otorgaba apenas sesenta días para cesar operaciones en Jerusalén Este y Gaza. Las afectadas reiteran que el procedimiento planteado por el Estado israelí no es viable técnicamente.
Califican el actuar administrativo como un proceso marcado por retrasos y carencia de fe. En su recurso, denuncian que la medida representa una extralimitación sin ningún fundamento legal. Sostienen que la supervisión de estas entidades corresponde legalmente a la Autoridad Palestina.
Cuestionan la autoridad de Israel para ordenar el cierre en jurisdicciones bajo los Acuerdos de Oslo. La competencia de registro fue transferida anteriormente bajo el Anexo Civil de dichos acuerdos. Las ONG insisten en que Israel actúa fuera de su marco de competencia territorial.
El intento de cerrar actividades en bloque es visto como una medida de presión política. Argumentan que los plazos otorgados impiden cualquier tipo de transición ordenada de los servicios. La interrupción abrupta incrementaría los riesgos para la población expuesta a carencias severas.
«La Corte Suprema de Israel ha bloqueado temporalmente al gobierno el cierre de las operaciones en Gaza de varias organizaciones de ayuda que desafiaron las nuevas normas israelíes.»
Obligaciones bajo el derecho internacional
El recurso legal sostiene que Israel incumple el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra. Este tratado obliga a la potencia ocupante a permitir la continuidad de organizaciones de socorro. Israel debe facilitar la provisión de alimentos y servicios médicos a la población civil bajo control.
El mandato legal internacional exige proteger la labor de asistencia en favor de inocentes. Las condiciones en Gaza siguen deteriorándose por los constantes ataques y limitaciones de acceso. Mientras tanto, en Cisjordania aumentan las demoliciones y los desplazamientos forzados de civiles palestinos.
Este entorno restrictivo hace que la labor de asistencia internacional sea más necesaria que nunca. La labor humanitaria es el último recurso para evitar una hambruna generalizada. Las organizaciones solicitaron formalmente detener la inminente expiración de todos sus registros vigentes.
También piden retrasar cualquier medida de deportación contra el personal internacional que opera allí. Buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales hasta que exista una resolución definitiva. Su objetivo primordial es evitar daños irreparables al sistema de ayuda humanitaria global.
«La Corte Suprema de Israel decide en un fallo que la prohibición gubernamental a 37 ONG extranjeras que trabajan en Gaza y Cisjordania ocupada quedará congelada hasta que se tome una decisión final».
El futuro de la ayuda en territorios palestinos
El Tribunal Supremo deberá decidir si otorga la suspensión cautelar solicitada por las agencias. De no hacerlo, miles de empleados locales quedarían en un limbo legal y laboral riesgoso. Las actividades esenciales como la educación y la atención infantil quedarían totalmente suspendidas en marzo.
La seguridad alimentaria de Gaza pende de un hilo ante esta decisión judicial. La comunidad internacional observa con preocupación este intento de restringir el espacio de la sociedad civil. El uso de la burocracia para limitar la ayuda es denunciado como una táctica de guerra.
Las ONG mantienen su postura de no ceder datos confidenciales de sus trabajadores a inteligencia. Mantener la independencia operativa es vital para la ética del sector humanitario mundial. El desenlace de este juicio sentará un precedente sobre la soberanía en territorios ocupados.
Las agencias esperan que la justicia israelí reconozca la validez de los tratados internacionales suscritos. Sin una resolución favorable, el sistema de protección civil colapsará en menos de dos semanas. La resolución judicial definitiva determinará el destino de millones de personas necesitadas.
