10. Estado de Bienestar y lucha contra la desigualdad

El bienestar de la población es el eje principal de todas las acciones de un gobierno comprometido con la transformación democrática de la sociedad. La libertad que gozamos sólo puede ejercerse plenamente si tenemos resueltas ciertas necesidades elementales como alimentación, vestido, habitación, seguridad y tranquilidad social. Sin embargo, vivimos un estado de injusticia promovido y defendido por políticos, funcionarios y hombres de poder inescrupulosos, que ponen sus ganancias por encima del interés y las necesidades de los demás.

 

Una transformación verdadera de la vida pública hará posible que cada hombre y cada mujer reciban desde su nacimiento una alimentación básica saludable y suficiente; tengan acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación; puedan ejercer su derecho al trabajo con salarios justos y prestaciones sociales; dispongan de una vivienda adecuada en tamaño, materiales y ubicación; puedan hacer uso de servicios públicos básicos de agua, energía eléctrica y transporte; participen libremente de las decisiones colectivas que se tomen y accedan sin condiciones a los programas económicos, sociales y culturales que se establezcan en su beneficio; cuenten con las bases materiales, de recursos e instrumentos que requieran para desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad; que sus preferencias, identidad cultural, género y decisiones sobre su vida y su cuerpo sean respetados y reconocidos; que su patrimonio familiar y su seguridad sean salvaguardados; que reciban una pensión al cumplir los setenta años; y que se respeten sus deseos en la conclusión de su vida.

Crear un Estado solidario que atienda y respete los derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. Instrumentar un programa Hambre Cero.

Garantizar la universalidad y gratuidad de los programas sociales. Inversiones públicas para garantizar los derechos sociales. El derecho a la educación es la base de la transformación de nuestro país, todo joven debe tener acceso al sistema educativo, desde el nivel prescolar hasta la universidad.

Los servicios de salud pública y los medicamentos serán gratuitos para todos. Reconocimiento de la medicina tradicional. Pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo.

La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la convivencia y la seguridad pública.

Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.