Exgobernador Silvano Aureoles y 15 más indiciados por represión el 5 de abril de 2017: Víctimas mortales, decenas detenidos, tortura y cateos
Regeneración, 27 de marzo de 2026.– Un juez estatal liberó dieciséis órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno de Michoacán por delitos graves.
E incluso, el exmandatario Silvano Aureoles Conejo encabeza la lista de personas buscadas por la justicia local actualmente.
Se le imputan los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura cometidos durante su administración.
Las acusaciones surgen tras un operativo policial violento realizado en la comunidad indígena de Arantepacua.
La fiscalía estatal sostiene que el exgobernador ordenó personalmente la intervención armada en el municipio de Nahuatzen.
En tanto que Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad, también cuenta con un mandato judicial para su captura inmediata.
Los hechos ocurrieron el cinco de abril de dos mil diecisiete durante un conflicto por tierras comunales. Un juez liberó 16 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán y catorce policías estatales.
Tragedia en la comunidad purépecha
El conflicto original se originó por una disputa territorial entre los pobladores de Arantepacua y Capacuaro.
Así el 4 de abril de 2017 un grupo de 38 comuneros viajó en camión a Morelia para solventar una disputa territorial de más de 60 años por la posesión de mil hectáreas entre Arantepacua y Capacuaro.
Luego, tras la reunión con los representantes del gobierno estatal, la policía estatal y de tránsito detuvo el camión de los comuneros con gases lacrimógenos, y violencia contra los comuneros para apresarlos.
Cabe destacar que la acción de fuerza basado en que según la autoridad los campesinos querían bloquear la carretera y según esto, secuestro al chofer y camión de transporte.
Al día siguiente, comenzó una protesta por la detención de los comuneros por parte de 15 miembros de la comunidad de Arantepacua.
Y, los cuales cerraron la carretera entre Pátzcuaro y Cherán para exigir la liberación de sus compañeros.
Ante esto hubo una respuesta desmedida por parte del gobierno estatal que constituyó en el despliegue de 800 policías municipales.
Mismos que llegaron a castigar a la comunidad y aplacar sus demandas.
Los policías entraron a la comunidad armados, sitiaron la ciudad y comenzaron a disparar a la valla humana formada por pobladores reunidos en la entrada del pueblo.
Al final del ataque, resultaron cuatro muertos aunque días después murió más gente por las heridas, hubo diez personas apresadas y un sinfín de heridos.
Acusa
Por ello la fiscalía señala que las víctimas sufrieron vejaciones que constituyen violaciones graves a los derechos humanos fundamentales.
Aureoles Conejo habría ordenado a Juan Bernardo Corona realizar un operativo policial con consecuencias fatales.
- Juan Bernardo Corona y Silvano Aureoles Conejo
Antecedentes de corrupción pública
Silvano Aureoles y su exsecretario de Seguridad ya eran buscados por la justicia desde el año pasado. Ambos enfrentan procesos previos relacionados con un presunto desfalco millonario del erario público de la entidad michoacana.
Las autoridades investigan la construcción a sobreprecio de diversos cuarteles destinados a la Policía Estatal durante su mandato. Estas irregularidades financieras suman una presión legal considerable sobre el círculo cercano del exmandatario perredista.
Por estos actos de corrupción, varios excolaboradores de alto nivel ya se encuentran bajo custodia de la ley. Entre los detenidos figuran los exsecretarios de Finanzas y Seguridad, así como directores de áreas administrativas clave.
Las investigaciones sugieren un esquema de desvío de recursos planeado desde la cúpula del poder ejecutivo estatal. Los implicados son buscados por personal de la fiscalía estatal desde 2023 por estas faltas administrativas.
- Carlos Maldonado Mendoza
Proceso judicial en curso
La Fiscalía de Michoacán continúa con la integración de las carpetas de investigación para fortalecer los casos presentados.
En tanto que el Poder Judicial estatal ratificó la necesidad de capturar a los responsables de las ejecuciones en Arantepacua.
Las órdenes de aprehensión incluyen a catorce agentes policiales que participaron directamente en los hechos de sangre. Se espera que la búsqueda se extienda a nivel nacional e internacional para localizar al exgobernador.
Carlos Maldonado Mendoza y otros exfuncionarios ya enfrentan su situación jurídica tras las rejas por el desfalco. El actual gobierno estatal ha reiterado su compromiso de no permitir la impunidad en casos de derechos humanos.
Los familiares de las víctimas purépechas exigen justicia plena y reparación del daño tras años de espera. Serán juzgados por delitos de contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas.
