La cadena de corrupción descubierta por la justicia mexicana podría desembocar en la organización ciudadana para llevar a la justicia a quienes se sirvieron con la cuchara grande del erario de México en los sexenios anteriores.
Regeneración, 29 de agosto de 2020. El caso de Emilio Lozoya Austin ha dado la vuelta al mundo, y comprensiblemente ocupa un lugar privilegiado en el acontecer político nacional. Pero a pesar de la información que sobre el caso circula en los outlets de mayor alcance e influencia, el asunto también ha despertado cierta perplejidad en el exterior e interior del país, pues no parece haber mucha certeza acerca de lo que significa políticamente el arresto, extradición, e investigación del exdirector general de Pemex (Petróleos Mexicanos) y figura clave del engranaje gubernamental del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Arriesgar una interpretación terminante constituiría un acto de deshonestidad intelectual, máxime en la etapa prematura en la que se encuentra tal proceso. Por ello conviene apenas eslabonar las precarias piezas del rompecabezas con la escasa información que se dispone, y tratar de perfilar las razones porque las que considero que el caso es relevante para México y la región. Cabe advertir que la Fiscalía General de la República anunció que tardaría alrededor de 6 meses para desahogar el caso, y que el resultado final (esto lo afirma quien escribe y no la Fiscalía) es impredecible y de pronóstico reservado, pues tal horizonte conclusivo está sujeto a condición política, es decir, a la correlación de fuerzas –siempre caprichosa– al interior de la propia élite gobernante, y a la acción de la multitud de actores involucrados, incluida la sociedad mexicana que sigue con inusitada atención la investigación en contra de Lozoya.
- ¿Quién es Emilio Lozoya Austin?
Galardonado en 2010 como uno de los políticos “jóvenes” más influyentes de México y Estados Unidos, podríamos caracterizar a Lozoya Austin como un compendio de clichés o criatura arquetípica de eso que –acaso muy optimistamente– hemos convenido llamar el “Antiguo Régimen” neoliberal, dominado por el partido que prohijó su hoy enlodada carrera: el nonagenario Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nieto del político y empresario Jesús Lozoya Solís (gobernador de Chihuahua 1955-1956), e hijo de otro político influyente, Emilio Lozoya Thalmann (secretario de energía durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, nuestro tristemente célebre reformador neoliberal, y mejor conocido como el “padre de la desigualdad moderna en México”), Lozoya Austin siguió los pasos de su dinástica familia, y se preparó desde muy joven para perseguir el sueño que comúnmente albergan los chicos latinoamericanos de su condición: hacerse rico e influyente desvalijando al erario público. Cursó sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que es esencialmente un centro de adoctrinamiento neoliberal, acaso el más importante en México (aquello de “importante” es por el prestigio, no por su función social), y un posgrado en la Universidad de Harvard, que naturalmente no necesita presentación y cuyos egresados hemos padecido todos los latinoamericanos.
Lozoya Austin trabajó como analista en el Banco Central de México y el Banco Interamericano de Desarrollo. De 2006 a 2009 se desempeñó como director para América Latina en el Foro Económico Mundial. También ha sido miembro del directorio de varias corporaciones y empresas relacionadas con los sectores de finanzas e infraestructura. Su trayectoria profesional dio un salto cualitativo en enero de 2012 cuando se incorporó al equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto como encargado de los asuntos internacionales. Tras la victoria electoral (envuelta en denuncias de irregularidades tales como la compra de 5 millones de votos) Peña Nieto nombró a Lozoya Austin director de Pemex, cargo que ejerció de diciembre de 2012 a febrero de 2016. Coincidentemente abandonó el puesto poco antes de que estallara en las cortes de Estados Unidos el escándalo de Odebrecht, la empresa de construcción brasileña,
Ya retirado de la escena pública, en mayo de 2019 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Lozoya Austin para ocupar cualquier cargo en la administración pública y por un plazo de 10 años, tras determinar que había mentido en su declaración patrimonial. El 28 de mayo de 2019, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara sus cuentas bancarias, las autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra. Y a petición de la Fiscalía mexicana, la Interpol emitió una orden roja de “detención de máxima prioridad”, y el 12 de febrero de 2020 fue capturado en Málaga, España.
A Emilio Lozoya se la acusa de lavado de dinero, cohecho y fraude. Y está envuelto básicamente en dos casos de corrupción y fraude a gran escala: Odebrecht y Agro Nitrogenados.
La empresa Odebrecht es originaria del estado de Bahía, en el nordeste brasileño. Fue fundada en 1944. Creció como espuma en los últimos 20 años, sorprendiendo a propios y extraños con una inusual cosecha de contratos adjudicados en licitaciones a menudo opacas, en México y el resto de América Latina. (Glosa Marginal: En Jalcomulco, una comunidad ubicada en la zona central del estado de Veracruz, los pobladores resistieron exitosamente e interrumpieron el proyecto de construcción de una hidroeléctrica a cargo de Odebrecht en convenio con el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso y condenado a 9 años de prisión por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa). La constructora brasileña tiene presencia en 27 naciones y actividad comercial en al menos 100 países. En 2016 la Corte Federal de Nueva York declaró culpable a Odebrecht por el pago de sobornos a funcionarios de 12 países, entre ellos México (El Universal 19-VIII-2020)
En lo que respecta al exdirector de Pemex, y de acuerdo con los documentos y testimonios de los directivos brasileños, éste habría recibido más de 10 millones de dólares en coimas para favorecer a la transnacional a través de la firma amañada de contratos. Tales transacciones ilícitas ocurrieron durante y después de las elecciones presidenciales, por lo que se presume, a partir de la información que recabó la UIF y los destinos de esos dineros, que un porcentaje de los sobornos se reservó para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto y la compra masiva de votos.
El otro caso es Agro Nitrogenados, una empresa de fertilizantes localizada en el estado de Veracruz, y otrora subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), el gigante de la siderúrgica mexicana. En diciembre de 2013, bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex absorbió tal empresa –Agro Nitrogenados– que, por cierto, llevaba 14 años sin operar y con equipos obsoletos. Aun así, la petrolera estatal destinó alrededor de 600 millones de dólares en la operación de compra de una productora a todas luces chatarra. De acuerdo con los especialistas, el costo de una nueva planta hubiera sido de 200 millones de dólares (El País 28-VII-2020). Lo que significa que la venta implicó un sobreprecio de por lo menos 400 millones de dólares. La UIF y la Fiscalía sospechan que el caso Agro Nitrogenados vincula a Lozoya con AHMSA en un típico procedimiento de intercambio de favores. Es decir, “típico” de los negocios neoliberales: lucro particular con cargo al erario público.
- ¿Por qué es relevante el caso?
El ánimo ciudadano en México oscila entre el triunfalismo y el escepticismo. Y las dos actitudes parecen estar ancladas en realidades pretéritas y presentes.
Es cierto que es difícil recordar un caso del México moderno que envuelva todas las variables del caso Lozoya. Nunca las instituciones mostraron tal articulación para perseguir los delitos de cuello blanco y/o delincuencia organizada. En cambio, sí habíamos sido testigos de una acompasada coordinación para cometer/encubrir crímenes de lesa humanidad; por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que involucró a la totalidad de las instituciones del Estado, desde fiscalías, batallones militares y cuerpos policiales, hasta partidos políticos, funcionarios del más alto rango y la propia presidencia. También es difícil recordar alguna investigación que implicara a más de un expresidente (las declaraciones de Lozoya incluyen hasta el momento a tres de ellos), y menos que desde Palacio Nacional se promoviera con tal voluntad política la exhaustividad de las pesquisas. El proceso de “estigmatización de la corrupción” que desde la presidencia se cultiva parece haber sido activado en el caso Lozoya. Pero el clamor popular es más o menos unánime, sonoro e innegociable: ¡juicio a los expresidentes neoliberales!
Ahora bien, no es menos cierto que México ha sido testigo de cómo los grandes casos de corrupción política y/o empresarial se desinflan y acaban, en el mejor de los escenarios, en penalizaciones ridículas cuando no en la llana exoneración. Y esto tiene que ver con la propia abolición de la justicia que entraña la política neoliberal. El neoliberalismo es básicamente bandidaje de Estado envuelto en un discurso de satanización del Estado. Los ricos despojan al Estado en nombre de salvar al público del Estado. Y nos ha costado muy caro ese engaño. Devastó a nuestros países, pulverizó el salario de las mayorías y sepultó a centenares de miles de mexicanos en fosas clandestinas. El caso Lozoya es políticamente relevante en México y la región justamente por el potencial revelador que se aloja en las intrigas delincuenciales de los actores involucrados. Desnudaría al rey. Y contribuiría a desalinizar la efervescencia neoliberal que por tantos años nos envenenó.
Y acaso por la misma dimensión que cobró el caso, el fracaso de este proceso arrastraría una derrota política y moral previsiblemente irreparable. Y esto lo saben los adversarios.
¿Y la lección escarmentada?
La política del nuevo gobierno debe abarcar decididamente otros campos extrajudiciales. Movilizar a las clases populares y alfabetizar políticamente a la población se antoja urgente e imprescindible, máxime en contextos de alta tensión política. Las lecciones del sur deben ser atendidas. Hoy sabemos que la judicialización de la política encierra peligros y riesgos costosísimos. Como en Brasil, las fiscalías y las cortes latinoamericanas acostumbran tener fuertes vínculos institucionales e ideológicos con Estados Unidos. Y desde ese país se han desvirtuado algunas operaciones e iniciativas anti-corrupción, y desviado calculadamente sus trayectorias para perseguir a figuras políticas adversas al injerencismo estadounidense. Remember Brasil & Lava Jato.
Arsinoé Orihuela Ochoa, corresponsal desde Brasil.
