Indignación de indígenas, campesinos y ambientalistas por decretos que levantan veda en 10 cuencas hídricas del país; anuncian movilizaciones
Regeneración, 14 de junio del 2018. El 7 de junio, el Dia Mundial del Agua, se presentaron 10 decretos que modifican vedas al uso de agua en precisamente 10 cuencas hídricas; se trata del abrirle la puerta a la privatización del agua, al uso de la misma para megaproyectos y desconocer el derecho humano al agua así como derechos de poblaciones locales, de campesinos y de indígenas.
Las observaciones de los ambientalistas son las siguientes:
Los Decretos de Reserva representan un intento de extender la lógica del sistema de concesiones, impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condicion para entrar en el TLCAN–por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país (Ni siquiera los EEUU cuenta con un sistema único de concesiones.)
Se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según la reforma al 4o Artículo Constitucional, tendría que haber sido reemplazada en 2013, con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual «sentaría las bases» para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del «acceso y uso equitativo y sustentable» del agua.
Levantan vedas justificadas hace décadas, sin lograr un sistema racional y coordinado del uso del agua.
Los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual a partir de la reforma al 4o artículo constitucional, tiene que estar en el centro de cualquier política hídrica.. La reorganización de las asignaciones/concesiones de agua hacia las zonas urbanas, a costa de los derechos de núcleos agrarios (en la forma de concesiones que ahora serán extinguidas) ponen en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales.
Conceden, durante los próximos 50 años, enormes volúmenes de agua para «uso público-urbano», siendo un uso que permite cualquier uso –industrial, servicios, y hasta producción de energía, minería o fracking–siempre que sea a través de un organismo operador estatal o municipal.
La asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales de agua ha sido la base para el reciente fenómeno de trasvases propuestos o realizados (Cutzamala, Acueducto Independencia, Monterrey VI, Zapotillo, Acueducto Centenario).
La Reserva del Agua de Grijalba-Usumacinta prevé más de 100 millones m3/año para Tuxtla Gutiérrez, adicionales a los que ya maneja–un volumen suficiente para proveer 120 lhd a más de 2.3 millones de habitantes adicionales (o para un gran desarrollo industrial).
La reserva de agua para uso público-urbano de las cuencas Ríos Atocpan y La Antigua contempla la asignación de estos volúmenes al gobierno de Veracruz, con una vigencia de 50 años, así garantizando la seguridad jurídica requerida por las empresas Odebrecht y Aguas de Barcelona, concesionarias del sistema de agua del puerto de Veracruz.
Permiten el otorgamiento de volúmenes a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación–esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, incluyendo a CFE y PEMEX.
Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida.
Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios.
En casi todo el país, las fuentes históricas del agua de los pueblos indígenas han sido registradas en nombre de los municipios o de las comisiones estatales. (Se puede checar en: http://app.conagua.gob.mx/repda.aspx, poniendo nombre del estado, y un poco después, del municipio en donde se ubican las fuentes a investigar.
La información también está disponible en mapa de www.cartocritica.org.mx, mapa «Aguas Nacionales»)
Todo el poder sobre las reservas estará en manos de la Conagua.
Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no lograron renovarlos a tiempo.
Todos los decretos contienen este lenguaje: «Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción».
Aquí se dan por terminadas las “concesiones caducadas” de los ejidos y comunidades que fueron obligados a registrar sus DOTACIONES POR DECRETO PRESIDENCIAL de agua en la forma de concesiones, las cuales se han ido caducando, dado que no se imaginaban que tendrían que renovarse (hay 50,000 concesiones “caducas” en el país, principalmente de núcleos agrarios.
En varios de los decretos, el agua para conservación ecológico o uso ambiental se concesiona (una figura solo accesible por particulares; entidades públicas reciben «asignaciones») en vez de ser reservado en manos públicas.
¿Por qué manejar los volúmenes que requieren los ecosistemas a través de figuras excluyentes? ¿Cuáles particulares serán calificados para manejar un bien común en nombre de todos?
En algunos de los decretos (p ej cuencas de Coatzalcoalcos) se pretende expresar «caudal ecológico» en millones de m3/año, cuando el sabido que el caudal ecológico más bien es un regimen de flujo.
Lo más preocupante son las afectaciones a derechos ejidales, comunales y de pueblos indígenas.
Al levantar las vedas y extinguir concesiones «caducas», EPN está liberando enormes volúmenes para poder concesionar, como dice en uno de los decretos, «al quien primero presenta su solicitud»– sabiendo que ellos serán las empresas energéticas y mineras.
Por ello el cuestionamiento desde núcleos agrarios y pueblos originarios (y desde ambientalistas que no sienten que la privatización– «concesiones para uso ambiental» –es la solución a las crisis del medio ambiente) podría servir para cuestionar el sistema de concesiones en su totalidad, para así sentar las bases para un nuevo sistema: de derechos, asignaciones y concesiones-a-corto-plazo-fuertemente-condicionados, manejados por los consejos de aguas y cuencas democratizados.
Las organizaciones campesinas ya han acordado votar el 1 de julio, y empezar a movilizarse a nivel nacional a partir del día siguiente.
