Dicho centro de derechos señaló que la «idea es hacerlo público el 30 de mayo porque estaremos en los momentos jurídicos previos a la resolución del Tribunal de Justicia del Edomex».
Informan que desde finales del siglo pasado, la población indígena náhuatl de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle en el Estado de México, comenzaron a verse afectados por el despojo de uno de los bienes naturales más valorados social, cultural y económicamente: el agua. El vital líquido, fue el elemento de disputa entre el pueblo de Tlanixco y empresarios floricultores del municipio de Villa Guerrero, indicaron.
Puntualizan que frente a la priorización de las ganancias, la sobreexplotación de la naturaleza y el proyecto privado de los grupos empresariales, San Pedro Tlanixco es uno de tantos pueblos de México que debió organizarse para defender aquello que les resulta necesario para reproducir su cultura, identidad y la vida misma.
Como consecuencia de la resistencia del pueblo, las autoridades identificaron a seis de las personas más activas en la defensa de los derechos humanos de Tlanixco, a éstxs lxs reprimieron y castigaron ejemplarmente por atreverse a impulsar la organización comunitaria ejerciendo sus usos y costumbres, esto último, fue considerado una conducta criminal en el Estado de México y suele ser así en el país entero.
Indican que luego de lo anterior el pronunciamiento a ser firmado sería el siguiente:
Por lo antes señalado manifestamos:
1.- El caso de San Pedro Tlanixco refleja las condiciones que enfrentan los pueblos indígenas en México, quiénes históricamente han sido despojados de sus territorios, al mismo tiempo son invisibilizados de la realidad social, desplazando sus formas específicas de vida a meros “usos y costumbres”, como si éstos no tuvieran la calidad para ser reconocidos como sistemas normativos.
2.- La detención de lxs defensorxs nahuas Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, ejemplifica la constante criminalización a la que se enfrentan quienes se organizan y defienden derechos humanos, pues el uso político del sistema de justicia penal, es una estrategia constante que las autoridades emplean para detener la organización que se gesta en la sociedad.
3.- Sostenemos que la sentencia máxima de 50 años de cárcel a la cual han sido condenados es inconvencional y contraria a los derechos reconocidos para los pueblos indígenas y su acceso a la justicia, por lo que debe ser revocada atendiendo a las siguientes razones:
a) Existe una ausencia absoluta de una debida investigación Ministerial
b) Se observa una intervención directa de la Secretaria de Gobierno del Estado de México en las “indagatorias” para identificar e incriminar indebidamente a los defensores y la defensora.
c) La sentencia es racista al basarse en las características físicas de la defensora Dominga González Martínez, como una “mujer morena y chaparrita” para determinar categóricamen te que ella es una criminal; así como en el momento en el que el Juez que sentencia manifiesta: “los usos y costumbres… revelan una falta de respeto a las normas que regulan la convivencia social y la seguridad de las personas”, lo cual denota el desconocimiento del derecho indígena y el desprecio con que es estimado en los procesos judiciales.
d) Uno de los supuestos testigos reconoció que estaban mintiendo para perjudicar a las personas defensoras de Tlanixco, señalando que eran instruidos para lograr dicho cometido.
4.- Creemos firmemente que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de México tienen de frente la oportunidad de rectificar, en apego a derecho y a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la forma en la que han sido, perseguidxs, criminalizadxs y juzgadxs lxs seis presxs– y con ellos la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco-, sentando así un precedente de justicia para los pueblos indígenas y las personas defensoras en el Estado de México y para el país en su conjunto.
Por todo lo anterior, las organizaciones, pueblos, personalidades y colectivos nos pronunciamos por la libertad de la presa y los presos de Tlanixco.
Sentencia racista contra defensores del agua
Regeneración, 19 de abril del 2018. Cinco hombres y una mujer de San Pedro Tlanixco, se encuentran en prisión desde 2003, con sentencias condenatorias de 50 años, sin que se haya hecho una investigación imparcial y se respeten sus derechos como indígenas nahuas.
Precisamente Francisco López Bárcenas aborda el tema de la siguiente manera:
“Abril es el mes del agua. Bajo la advocación de San Marcos, santo católico al que se acogieron por ser portador del rayo, desde hace siglos las comunidades indígenas suben el día 25 de este mes a las montañas o acuden a las cuevas y ojos de agua a venerar a sus divinidades; les rezan para que las favorezcan con buenas lluvias, para que los campesinos tengan abundantes cosechas y la gente no sufra de hambre”, explica Barcenas para ubicar el escenario de los hechos.
“Esta práctica milenaria se mantiene y reconfigura a través de los años. En los tiempos que corren, donde el capital, ignorando el carácter sagrado del agua la ha convertido en mercancía, además de buenas lluvias, las comunidades piden que los empresarios no los despojen del líquido sólo por sacar adelante sus negocios”, escribe Francisco López Bárcenas en La Jornada.
Añade que además de buenas lluvias, los campesinos piden al santo “que los campesinos que han caído en defensa del recurso descansen en paz”
Y que “ los que se encuentran presos por las mismas causas alcancen su libertad y se deje de perseguir a los que han sido criminalizados por los mismos motivos”, puntualizó.
Es el caso de los nahuas de la comunidad de Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, estado de México, quienes desde hace década y media sufren la separación de Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez.
Explica que estos seis integrantes integrantes de dicha comunidad “se encuentran privados de su libertad, sentenciados a 50 años de prisión, acusados de la muerte del empresario Alejandro Isaak Basso, líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero, municipio aledaño al de Tenango del Valle”.
A dichos floricultores la Comisión Nacional del Agua “había concesionado el líquido, contraviniendo el derecho preferente que los pueblos indígenas tienen para acceder a él, lo mismo que lo dispuesto en la ley, la cual ordena destinarlo a actividades de producción de alimentos antes que a otras de tipo comercial”, detalla.
Los hechos ocurridos en San Pedro Tlanixco
Los hechos por los cuales se acusó a las seis personas que hoy se encuentran privadas de su libertad sucedieron el primero de abril de 2003, cuando los miembros de la Asociación de Floricultores de Villa de Guerrero, de capital extranjero, ingresaron a la comunidad de Tlanixco en actitud agresiva y desafiante, acusando públicamente a sus habitantes de estar ensuciando el agua para perjudicarlos en sus riegos.
Quienes los vieron llegar hicieron lo que siempre hacían cuando veían peligro para la comunidad: tocaron las campanas de la iglesia alertando a sus habitantes de la situación y éstos comenzaron a reunirse para saber qué era lo que sucedía.
Cuando las partes se encontraron se hicieron de palabras, unos defendiendo su derecho a regar sus sembradíos de flores y otros defendiendo el agua para el consumo humano y producción de alimentos. Tal vez no lo sabían pero estaban viviendo una situación similar a la que se vive en otras partes del país.
Lo que siguió fue todo confusión. Y en ella perdió la vida el empresario Alejandro Isaak Basso. Sus compañeros acusaron a los habitantes de Tlanixco de haberlo linchado ahí mismo en la comunidad, mientras éstos afirman que cuando los ánimos se calentaron los invasores salieron corriendo por donde pudieron y en su huida el empresario cayó accidentalmente a un barranco, lo que le provocó la muerte.
A continuación, Antonio López Bárcenas, ofrece un cuadro detallado de la injusticia
La sentencia injusta
En lugar de emprender una investigación imparcial sobre los hechos, la autoridad, con una mentalidad profundamente racista, aceptó como cierta la versión de que el empresario había sido asesinado por los miembros de la comunidad y se dispuso a castigar a los presuntos asesinos de manera ejemplar: detuvo a seis personas, la mayoría de ellas entre los 30 años, salvo la señora Dominga González Martínez, que es mayor que ellos, les fabricó procesos a modo y los condenó a 50 años de prisión.
Conscientes de que se trata de una sentencia injusta, donde los denunciantes han cambiado las versiones de los hechos en varias ocasiones, no se han tomado en cuenta las especificaciones culturales de los procesados y por lo mismo el debido proceso ha sido violentado, la Secretaría de Gobierno del estado ha intervenido directamente en las investigaciones y no se ha tomado en cuenta la retractación que en el juicio han realizado algunos denunciantes.
La campaña #SentenciaRacista del Centro de Derechos Zeferino Ladrillero
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensor de los procesados, ha iniciado una campaña denominada #Sentencia Racista, en un contexto que acertadamente han nombrado Abril Azul.
López Bárcenas dice puntualmente “Acertadamente porque, como dije al principio, abril es el mes del agua y el agua es azul. Ojalá y que la campaña sirva para poner en evidencia lo que el antropólogo Yuri Escalante ha denominado racismo y judicial, pero sobre todo abone para liberar a los seis miembros de la comunidad nahua de Tlanixco injustamente detenidos”.
El texto publicado en La Jornada tiene dedicatoria para Abel Barrera, por su pronta recuperación.
