Por Mexicali decenas de activistas cruzaron la frontera ante visita de Secretaria de Seguridad Nacional de EU, ante protestas se retiró de recorrido
Regeneración, 18 de abril del 2018. Integrantes de la agrupación «Ángeles sin Fronteras» ingresaron a territorio estadounidense para protestar por la barra de polines que se ha colocado en la línea Fronteriza
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen se retiró del recorrido que realizó esta mañana en la construcción del muro que se está instalando en Mexicali desde hace dos meses; informó Antonio Heras en redes sociales.
«Atónitos quedaron agentes de la Border Patrol y policías federal así como municipales mexicanos al observar que los manifestantes rebasaron la línea que divide ambos países, por la parte en la que se está instalando el muro» relató Heras en publicación del portal informativo Lindero Norte.
«Menos de 15 minutos duró la visita de la funcionaria federal en la capital del Estado por los reclamos que alcanzó a ver y a escuchar a menos de 100 metros de donde se realizaba el acto protocolario», detalló Heras, en un texto que pudo ser leído redes sociales de denuncia ciudadana de Baja California.
En el video es posible ver, tal como lo señala el periodista Heras, las protestas de los «Angeles sin Fronteras» así como las consignas que se detallan: ¡No al Muro!, ¡Fuera Trump!
«¡Este es nuestro territorio!, fueron las consignas que gritaron medio centenar de activistas y manifestantes en la protesta que ocasionó que se suspendiera la obra del muro», finalizó.
El presidente de la comisión Luis Raúl González Pérez adelantó que es necesario reconocer que el problema social existe, se debe evitar y tratar de ayudar que no se vulneren los derechos de las personas que por alguna razón salen de sus comunidades de origen.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará una iniciativa de Ley sobre desplazamiento forzado en México en el Congreso durante el mes de septiembre, anunció su presidente Luis Raúl González Pérez.
Tras el Foro Taller Regional “Desafíos y relaciones frente al desplazamiento interno y la migración en México y Centroamérica”, el ombudsman explicó que la propuesta busca se reconozca que el problema existe.
“Existiendo el problema se pueda prevenir en aquellos casos en donde se vean signos de que se puede actualizar algún desplazamiento y dado la actualización de un evento de desplazamiento, se puedan atender los derechos básicos de las personas que tuvieron que salir por esos motivos que yo enuncié, para que no se vean afectados en su educación, salud, y los derechos fundamentales”, indicó.
Detalló que la iniciativa contiene los mejores estándares, pues participó la Relatora de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damary, pero no quisieron presentarla en este periodo legislativo porque está agotado y esperan que en septiembre haya receptividad.
La presidenta del Consejo Electoral de Morena, Carla Brugada, dio el banderazo de salida acompañada de diputados y candidatos en la avenida Ermita Iztapalapa esquina Rojo Gómez.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- Integrantes de Morena arrancaron la campaña #YoNoVendoMiVoto en Iztapalapa, para evitar que el dinero sea un factor decisivo durante las elecciones del próximo 1 de julio.
La presidenta del Consejo Electoral de Morena, Carla Brugada, dio el banderazo de salida acompañada de diputados y candidatos a un puesto de elección popular en una plaza ubicada entre la avenida Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez.
Brugada explicó que en la Constitución de la Ciudad de México se estableció que anulará la elección en el que se acredite la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y la violencia política.
“Por eso estamos aquí, porque estamos en un proceso histórico y no vamos a ignorar uno de los problemas más importantes de nuestro sistema político: la compra del voto y su uso para defraudar la democracia. Tenemos que evitar esta práctica e impedir que se instaure como vía de acceso al poder”, indicó Carla Brugada.
Destacó que la compra de votos es una de las peores formas de corrupción y desvirtúa y le quita valor.
Quien compra votos se desvincula de todo compromiso con los electores. Gobierna para conservar y mantener privilegios, no para servir al pueblo. Es una manipulación política y asistencialismo focalizado es la fórmula ideal para lucrar con la pobreza.
Y puso de ejemplo los tumultos en las tiendas de Soriana y la compra masiva del voto de Enrique Peña Nieto, por medio de las tarjetas Monex y la inacción de las autoridades electorales.
En la Universidad Tecnológica de la Mixteca estudiantes y profesores desarrollan un robot para ayudar en labores de rescate cuando ocurran sismos.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- Estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) desarrollan un robot todo terreno que ayudará en las zonas de emergencia, podrá entrar a edificios y hogares, en sitios de difícil acceso y recónditos para poder localizar a personas que se hayan quedado bajo los escombros para rescatarlos.
El estado de Oaxaca es una de las zonas del país con más actividad sísmica, más de la mitad de los sismos que se han registrado en el país han ocurrido en esta entidad.
En la Universidad tecnológica que se ubica en Huajapan de León, estudiantes y profesores están creando un robot inteligente para dar atención en zonas de emergencia que han sido azotadas por los sismos.
“Le van a permitir desplazarse cuando hay escaleras, rocas muy grandes; se puede desplazar en ambientes difíciles, aunque nos falta detallarlo”, dice Alberto Petrilli del laboratorio de robótica el coordinador del proyecto.
Detalla que el proyecto se empezó a configurar desde hace un año, antes de que se dieran los terremotos en el mes de septiembre pasado, los cuales dejaron gravemente afectado el Itsmo de Tehuantepec, las viviendas quedaron totalmente destruidas y hasta la fecha hay familias que siguen en campamentos, indica una publicación de NVI Noticias.
“En la zona sureste son muy comunes los sismos, se hizo pensando en ayudar a muchas zonas del país donde se presentan temblores y es urgente en casos de emergencias”, detalló el coordinador del proyecto.
Planean que el robot se concluya en octubre, ya que buscan llevarlo a un concurso de robots de rescate en Japón, está iniciativa surgió tras el desastre de Fukushima en el 2011, en donde se registró un terremoto de 9.0
El proyecto rebasa los 10 mil dólares, más de 150 mil pesos mexicanos, “la parte financiera es lo que nos ha detenido un poco, sin embargo, hemos conseguido recursos para avanzar y estar listos”.
Mario Díaz-Canel, propuesto como presidente del Consejo de Estado en Cuba; es casado, de 57 años, ingeniero civil. Nació en Villa Clara
Regeneración, 18 de abril del 2018. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fue propuesto como presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, tras la instalación de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En este sentido la revista Ambito rescata algunos razgos de este nuevo liderazgo en Cuba.
«Propuesto como el “delfín” de Raúl Castro, que luego de dos mandatos dejará la presidencia, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez cultivó un perfil bajo hasta mediados del año pasado cuando comenzó a dar discursos más encendidos».
Un ejemplo de ello relata Ámbito es el discurso ofrecido por Díaz-Canel durante el acto por el 50 aniversario de la muerte de Ernesto “Che” Guevara.
Raúl Castro lo presentó como un militante que ha comenzado desde la base, donde acumuló 30 años de experiencia «no es un advenidizo ni un improvisado», señaló Raúl Castro.
Díaz- Canel, es un ingeniero civil de 57 años, casado y aficionado al deporte.
Ámbito detalla que «nació un año después de la Revolución, en 1960, en la ciudad de Pacetas, provincia de Villa Clara».
En el proceso electoral que recién se desarrolló en Cuba, llegó a votar de la mano de su segunda esposa, Lis Cuesta.
Dicho medio detalla que presentarse con parejas en público no es un gesto muy usual en la política cubana.
Miguel Díaz-Canel afirmó que votar en las elecciones significa un “compromiso” con la Revolución, que está siendo “atacada” por Estados Unidos, que ha aprobado medidas “que ofenden y perjudican a millones de cubanos”, detalló Ambito.
“Estoy seguro que más tarde que temprano venceremos el designio imperialista y también derrumbaremos el bloqueo con el apoyo internacional contra Estados Unidos», dijo en aquella ocasión.
Aseguró que «gracias a la resistencia y heroísmo de nuestro pueblo”.
Considerado el hijo pródigo de Villa Clara, aunque con poco carisma para muchos otros cubanos, la gente de su ciudad apuesta a su mandato. Lo ven como el candidato “ideal” para relevar a Castro.
Díaz-Canedo en 1994 se convirtió en primer secretario en Villa Clara del partido gobernante y en 2003 de Holguín.
Es miembro del buró político del Partido Comunista Cubano (PCC) desde 1997.
Además, fue ministro de Educación Superior de 2009 a 2012 y vicepresidente del Consejo de Ministros de 2012 a 2013, cuando fue elegido primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba.
«Uno de los pocos sobrevivientes políticos al cambio de Fidel por Raúl», señala dicha publicación.
Ademas también es reconocido por su activismo a favor de los derechos de la diversidad sexual en Cuba.
En varias intervenciones públicas defendió la necesidad de fortalecer el poder popular como forma de potenciar el desarrollo territorial y el diálogo con las nuevas generaciones.
En julio de 2013, en la Asamblea Nacional expresó la voluntad de avanzar hacia la construcción de un socialismo “próspero y sustentable”.
El Parlamento votará al nuevo mandatario el próximo 19 de abril, cuando Castro dé un paso al costado de la presidencia, aunque se quedará al frente del poderoso partido hasta su próximo congreso, que probablemente sea en 2021; finalizó la revista
Para Chalchihuitán Caravana humanitaria, mañana 19 de abril; exigen parar acciones armadas, desarticulación de paramilitares y se proteja integridad de desplazados
Foto: César Suárez
Regeneración, 18 de abril del 2018. Organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, entre ellas Melel Xojobal de Chiapas, realizaran una caravana humanitaria en solidaridad con niñas, niños y adolescentes desplazados de las comunidades de Chalchihuitán, Chiapas.
Al informar lo anterior en redes sociales reiteraron su exigencia para que «se detengan las acciones armadas en la región«.
También demandaron «se desarticulen y castiguen estos grupos armados, así como a las autoridades que los protegen«.
Así mismo pidieron que «se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades«.
Reiteraron las condiciones que prevalecen en la zona, misma que dieron a conocer mediente una acción argente a enero de este año.
En dicha acción urgente se detella que está «en riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán»
Aseguraron que el retorno de algunas comunidades se realizó «bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad«.
Señalaron que lo anterior es un «certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó».
Así mismo alertaron sobre la continuidad de la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán
Tal como lo señalamos en enero de este año, manifestaron tener información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres).
Según testimonios, «nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas«.
Lo anterior sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados.
«Desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad«, aseguraron.
En ese sentido a principios de año mil 165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continúa haciendo el grupo armado de corte paramilitar; según manifestaron los organismos defensores de derechos.
«Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región«, manifestaron.
Lo anterior tiene «como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero«.
Remarcaron que «siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones».
En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro; puntualizaron.
De ocurrir una masacre «la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero»
Puntualizaron que los retornados «van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada».
Varios de los retornados y retornadas van «enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia».
Los organismos humanitarios señalaron que lo anterior evidencía «que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas».
Lo anterior implica que «no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os».
Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, dijeron.
Lo ante dicho «demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal».
Además, indicaron, «no obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó».
«Al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad«.
Tal como lo manifestaron los organismos defensores de la infancia y de los derechos humanos, estas mismas condiciones prevalecen aún.
Y es en este contexto que se organiza la caravana humanitaria que partirá a Chalchihuitán el dia de mañana.
La SFP inhabilitó por dos años a una filial de Odebrecht, no podrá participar en la obtención de contratos en el gobierno federal, con esto suman cuatro sanciones.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre una nueva inhabilitación a la Construtora Norberto Odebrecht, esto impedirá que pueda participar en la obtención de contratos en el gobierno federal por dos años y seis meses.
La dependencia detalló que con esta notificación ya son cuatro las sanciones que le han impuesto a la firma brasileña, dos para sus compañías filiales y otras dos para sus representantes legales.
“Asimismo, se sancionó a dos representantes legales de la empresa constructora con una inhabilitación de dos años y tres meses, así como una multa de un millón 262 mil 222 pesos, a cada uno. Es de señalarse que las cuatro sanciones suman más de mil millones de pesos”, indicó.
Es importante señalar que las sanciones de tipo administrativo impuestas por la SFP son independientes de la investigación penal que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), que hasta el momento no ha dado a conocer la indagatoria.
Las empresas que sancionaron en esta ocasión fueron: Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V y Construtora Norberto Odebrecht, que anteriormente ya tenían dos inhabilitaciones previas, así lo indica la agencia Reforma.
Los directivos de Odebrecht Ingeniería sancionados son Gleiber José de Faria, director de Administración y Finanzas, y Luis Alberto de Meneses Weyll, Director General, en sus casos son dos años, 3 meses y 12 días de prohibición para contratos públicos.
Esta es la primera vez que la SFP inhabilita a directivos específicos de una empresa sancionada para que no puedan participar en licitaciones públicas ni siquiera como personas físicas, o como miembros de otras empresas.
En cuanto a las multas, 543 millones de pesos fueron para las empresas, y 1.2 millones de pesos para los directivos, estas son las primeras sanciones económicas que SFP impone a Odebrecht, ya que las dos inhabilitaciones anteriores, una de cuatro años y otra de dos años, no incluyeron multa.
En Guerrero, un policía fue grabado burlándose y jaloneando a un hombre en situación de indigencia, quien lo graba se burla.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- Un policía de Guerrero fue captado en un video burlándose de un hombre en situación de calle.
El video que ya circula en redes sociales muestra al policía bailando frente a un indigente, luego lo toma de las manos para que baile con él, al fondo se pueden escuchar las risas de la persona que está grabando.
El hombre se hace para atrás y aleja sus manos de las del policía, pero este insiste y empieza a jalarlo hasta que consigue moverlo de lugar.
El policía sigue insistiendo, el indigente trata de alejarse y se jalonea, pero le tapa el paso y sigue tratando de de obligarlo a que baile con él.
En el jaloneo, el sujeto se tira al piso y el uniformado se coloca sobre el hombre, luego simula darle nalgadas.
La grabación fue realizada en Xalpatláhuac, Guerrero.
El gobierno de Puebla da aproximadamente 12 millones de pesos para pagar la seguridad privada de seis exgobernadores.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ocultó información con respecto a cuántos exgobernadores solicitaron el beneficio de contar con un equipo de guaruras y camioneta pagada con dinero del erario, también se reservaron la cantidad que invierte el gobierno para costear dicho servicio cada año, argumentan que si dan esa información, se “puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”.
La Fiscalía indicó que el número de exgobernantes que han solicitado seguridad personal, así como el personal de elementos que conforman las escoltas y las herramientas que les asignan para desempeñar sus funciones, es información “Clasificada como reservada”.
Bajo el argumento de que los artículos 113 de la fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 123 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, en relación a información reservada dicen lo siguiente:
“Lo que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física”.
Periódico Central hizo una solicitud para conocer el número de exgobernadores que solicitaron este servicio, además del número de escoltas que estarían a su disposición las 24 horas, los siete días de la semana con cargo al erario.
La Fiscalía respondió lo siguiente:
“Por lo que hace a la información que solicita sobre el número de ex gobernadores han solicitado el servicio de seguridad personal, el número de elementos que conforman las escoltas y las herramientas que le son asignadas para el desempeño de su función, no es posible proporcionar los datos que requiere, en atención a que la información se encuentra Clasificada como Reservada (…) formalizada mediante Acuerdo ACT/001/2017 de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, y ACT/099/2017 de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, ambos signados por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado”.
El titular de la dependencia, Víctor Carrancá Bourget indicó que la erogación en el servicio de seguridad personal, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y con el apoyo de la FGE, por los elementos que fueron asignados como escoltas por parte de la Fiscalía, son elementos que pertenecen a la Agencia Estatal de Investigación con el cargo de Agentes Investigadores, por lo que puso a disposición el tabulador de los salarios de los funcionarios.
El documento dice que un agente gana un aproximado de 17 mil 999 pesos cada mes, si son ocho los que resguardan sumarían 143 mil 992 pesos, en un año serían un millón 727 mil 904 pesos, por cada exgobernador que haya pedido este servicio.
Calculando, si fueran seis exgobernadores, el costo al erario sería de 10 millones 367 mil 424 pesos, solamente para cubrir el pago de los escoltas, faltaría sumar los gastos del equipo que usan, además del mantenimiento de los vehículos que utilizan.
El gobierno de Puebla da aproximadamente 12 millones de pesos para pagar la seguridad privada de seis exgobernadores.
En 2012, el panista Rafael Moreno Valle, envió una reforma para convertir este beneficio en ley y gracias a la mayoría del Congreso, logró que en la Ley de Seguridad quedara establecido que a cada exgobernador que lo solicitara se le dotaría de un servicio de 8 escoltas por 12 años después de haber concluido su mandato y posterior a esta fecha se redujera a 6 uniformados.
Tras los feminicidios registrados el año pasado, las autoridades capitalinos dieron con este negocio de trata de personas que se ejercía mediante la web; fueron liberadas 10 venezolanas, siete colombianas y una paraguaya.
Regeneración, 18 de abril de 2018.- Una mujer que administraba una página web para anunciar los servicios sexuales de mujeres extranjeras, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
Durante un cateo realizado ayer por la Procuraduría en la colonia Ciudad de los Deportes, de la delegación Benito Juárez, se liberaron a 18 mujeres: 10 venezolanas, siete colombianas y una paraguaya-, que presuntamente eran víctimas de trata en el lugar. Además, se aseguraron cuatro inmuebles.
Las víctimas declararon que el modo de operar de la imputada de 34 años, quien a través de la página internet promocionaba el servicio de las mujeres como escorts.
La dependencia indicó que gracias a las investigaciones en torno a los feminicidios de sudamericanas perpetrados el año pasado, derivaron en la captura de la imputada, quien fue puesta a disposición de un juez de control en el Penal de Santa Martha Acatitla, por el delito de trata de personas.
Las extranjeras vivían hacinadas en diversos inmuebles, cuyas rentas debían pagar ellas, además de que se les cobraba una cuota mensual presuntamente por el servicio de promoción en dicha página.
Todas ellas fueron trasladadas a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, donde se les proporciona atención psicológica, jurídica y médica, en tanto se define su situación migratoria.
