El triunfo social inédito de las elecciones, fue motivado por un voto de castigo a los otros partidos y un ya basta a la violencia, la impunidad y la corrupción que creció en el peñanietismo.

Por Magdalena Gómez| La Jornada.

Regeneración, 10 de julio de 2018.- El pasado primero de julio, 30 millones de mexicanos votaron en favor de Andrés Manuel López Obrador para presidente de la República. Su partido político, Morena, obtuvo además una amplia mayoría en favor de sus candidaturas al Congreso de la Unión, la jefatura de Gobierno de Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Morelos,Tabasco y Veracruz. Todo con la fuerza de un liderazgo construido y mantenido por muchos años, a contrapelo de un fraude y toda clase de obstáculos y descalificaciones por la clase política agrupada en lo que él ha llamado el Prian o la mafia del poder.

Interpretar y valorar el mensaje de esta adhesión masiva no es tarea que se agote de un plumazo. Las motivaciones de la opción ciudadana expresaron un voto de castigo a los otros partidos y un ya basta a la violencia, la impunidad y la corrupción que creció en el peñanietismo. Es también un llamado al cambio pacífico, sin que parezca claro si se comparte plenamente el proyecto de nación de AMLO y Morena. Habrá que destacar los grandes problemas nacionales y locales que no han sido objeto de compromiso o bien éste ha sido muy restringido. Porque la cauda de agravios que motivaron el voto masivo constituye un mandato colectivo por el cambio. Hay señales de que algunas propuestas no reflejan todas las demandas y reclamos, entre otras, en ámbitos como los derechos humanos y los pueblos indígenas, cuya situación se agravó con las reformas estructurales que perfilan despojo a sus tierras y territorios, lo que ameritaría medidas mucho más profundas que la reiterada consideración a sus integrantes como vulnerables, en situación de pobreza. Es el caso del ofrecimiento de que sólo se revisarán los contratos derivados de la reforma energética y no la reforma misma, aun así tal revisión debe incluir que en su gran mayoría omitieron la consulta previa, libre e informada en los casos que afectan la superficie de los territorios indígenas. La operación de las zonas económicas especiales abre otro frente contra los pueblos. Se ha insistido en que se respetará el estado de derecho, sí, pero éste incluye al que han logrado los pueblos indígenas, no se debería considerar que sólo el capital es objeto de garantía. Tampoco suponer que con la operación institucional, las asignaciones presupuestarias o de becas, se logrará contener la actual lucha de los pueblos por su autonomía y libre determinación, y la defensa de sus territorios. En contraste, es de reconocer la postura del virtual presidente electo en defensa de la dignidad de los maestros afectada con la reforma laboral y punitiva disfrazada de educativa, que formó parte de la traición contra México, llamada Pacto por México. Revertirla es el compromiso.

Por otra parte, en su campaña, AMLO aplicó una estrategia de alianzas que no sabemos qué tanto pesaron para el triunfo alcanzado, si consideramos que los partidos de su coalición están en riesgo de perder el registro, pero sí se perfilan con incidencia en el nuevo gobierno. En lo in­mediato, se observa que el discurso de reconciliación, de gobernar para todos, tiene impacto en las relaciones públicas con el empresariado nacional, al punto de que se difunde la imagen de una armonía artificial, que seguramente tampoco es del todo creíble para el propio AMLO, presionado por ofrecer garantías de estabilidad en los terrenos de la macroeconomía. Es paradójico que AMLO no es aún presidente electo y el peso enorme del masivo respaldo ciudadano está acelerando las definiciones en torno al combate a la inseguridad. Además, es evidente el interés por cumplir los compromisos sociales de campaña y ello orienta la intervención en la elaboración del presupuesto para el próximo año, pues los ahorros y recortes financiarán en lo inmediato los programas de becas y promoción al empleo. La política económica es uno de los mayores desafíos y requiere ajustes más allá del gasto público y el combate a la corrupción.

Ciertamente, el programa del virtual presidente electo no se ha reivindicado como anticapitalista, lo cual no excluye la consideración del carácter progresista de su agenda. Ello no debería colocarnos en el extremo de afirmar que estamos ante un cambio para que nada cambie; su agenda es democrática en el más amplio sentido; considera que en la corrupción está la raíz de los grandes problemas nacionales, enfatizando, sin embargo, más la que se da al amparo del poder público que la que resulta intrínseca a la operación del capital nacional y trasnacional. Será un gobierno sometido a presiones, no sólo internas; pese al respaldo masivo inicial, tendrá que atender, sin criminalizar, las justas demandas de los movimientos que no asuman la inmovilidad, como resultado del bono democrático otorgado en las urnas. Como vemos, es muy compleja la aspiración de transformar al país.