En los meses recientes hemos visto actos diversos de la sociedad civil de México dirigidos a comenzar esta metamorfosis energética, pero desde abajo y a la izquierda, ejecutados por nuevos actores a los que hemos nombrado civilizionarios, porque en realidad ya realizan una “revolución civilizatoria”. Aquí conviene distinguir entre los proyectos que buscan la transición energética utilizando las mismas fórmulas del sistema, es decir, mediante las corporaciones privadas o estatales de gran escala que centralizan la energía para después distribuirla, y los actos de innovación energética bajo modalidades ciudadanas y de pequeña escala. Debe señalarse que la segunda opción existe ya en países como Alemania o Dinamarca, donde la producción de energía solar o eólica se encuentra en manos de cooperativas de comunidades o municipios que generan primero energía para ellos mismos y venden luego sus excedentes. En este caso se trata de utilizar tecnologías de pequeña escala (incluyendo microhidroeléctricas) para abastecer casas, manzanas y edificios, siempre bajo el control de los ciudadanos organizados.

Se imagina ya el lector que bajo los gobiernos neoliberales de F. Calderón y E. Peña Nieto esa segunda opción quedó cancelada, como fue el caso de al menos tres regiones: el Istmo de Tehuantepec, la Península de Yucatán y Baja California Sur, pues fueron concesionados vastos territorios a corporaciones extranjeras (principalmente españolas) para la creación de parques eólicos y solares, sin la anuencia (obligatoria por ley) de las poblaciones locales, que en el caso de las dos primeras se trata de comunidades indígenas.

Las resistencias ciudadanas no tardaron en aparecer. El istmo ha sido un cruento ejemplo de ello, donde el gobierno ha concesionado unas 50 mil hectáreas y donde ya se han establecido 22 parques eólicos. El movimiento de resistencia en esa región se ha venido articulando con la creación de varias organizaciones, entre ellas: Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Ya desde septiembre de 2016, organizaciones sociales y comunidades binnizá (zapotecos), ikoots (mareños), ajuuk (mixes), slijuala xanuc (chontales) y tzoque (zoques) se integran a una red que ellos mismos han denominado: Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio. Entre los impactos de esos parques eólicos se encuentran la deforestación de los terrenos, la contaminación de la laguna superior por aceite de las eólicas (cada una carga 300 litros de aceite), la muerte de pájaros y murciélagos, la destrucción de lugares sagrados, el ruido, energía electrostática, movimiento mareador de las aspas, e impacto en el paisaje, además del nulo beneficio económico para las comunidades.

Paralelamente en la Península de Yucatán el pasado 15 de enero más de 30 comunidades se constituyeron en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, y este autor fue testigo de un taller efectuado unos días después en Mérida, donde casi 90 científicos, técnicos, organizaciones conservacionistas, representantes de comunidades, comunicadores y artistas se reunieron con el objeto de preparar un documento contra los parques solares y eólicos que se pretende impulsar por los territorios yucatecos. La noticia más esperanzadora fue, sin embargo, la inauguración de la primera fábrica ciudadana, el Centro Industrial para el Desarrollo Sostenible, dirigida a dotar de insumos para la generación de energías renovables a municipios, comunidades, cooperativas, ejidos y organizaciones sociales, a precio de costo y sin propósito de lucro (ver:cids-rb.org). Este centro se implementó en la histórica fábrica textil de Río Blanco, Ve­racruz, y se dedicará a producir los insumos que requiere la generación de energías renovables (páneles fotovoltaicos, microgeneradores eólicos e hidráulicos, inversores, controladores de carga, luminarias, etcétera). Pero además aloja un centro de formación para jóvenes y un modelo industrial orientado por los principios de la economía social y solidaria y el comercio justo. Con ello se busca inducir el surgimiento de colectivos dedicados a la generación limpia de electricidad, cooperativas de transporte eléctrico regional, talleres de conversión de vehículos y muchos otros. Este centro industrial, que debería multiplicarse por todo el país, hará que la resistencia ciudadana se convierta en una opción tecnológicamente viable para que las comunidades recuperen su autonomía y capacidad de autogobierno. El sol de nuevo emancipando a las sociedades.