Política

El GIEI volverá al caso Ayotzinapa. Padres se reunirán con AMLO, ONU y CIDH

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El GIEI visitará México este mes para acordar con Alejandro Encinas modo de trabajo para continuar investigación del caso Ayotzinapa. AMLO ya tiene hora y lugar de reunión con padres el 26 de septiembre. Al encuentro asistirán ONU y CIDH

Cuartoscuro

Regeneración, 7 de septiembre de 2018.- Los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colaborarán con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la continuación de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y vendrán a México, de inicio, a reunirse con el presidente electo, madres y padres de los normalistas este mes.
En exclusiva para Proceso, una fuente cercana informó que se prepara una reunión entre las personas expertas del GIEI y Alejandro Encinas Rodríguez, quien fungirá como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración adscrita a la Secretaría de Gobernación, así como responsable de atender el caso Ayotzinapa en el gobierno de AMLO.
El presidente electo anunció hace una semana que madres y padres de Ayotzinapa buscaron un encuentro con él, por lo que se acordó que será el próximo 26 de septiembre a las 10 de la mañana en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Ese día se cumplirán 4 años de la tragedia en la que 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano y del crimen organizado.
Por lo que se refiere al encuentro entre el GIEI y Encinas, la idea es organizar el modo en que las personas expertas colaborarán con el nuevo gobierno para esclarecer la desaparición de los normalistas.


Cabe señalar que el pasado 24 de agosto Alejandro Encinas anunció la reapertura del caso Ayotzinapa:
“Vamos a atender, en primer lugar, la resolución del Tribunal Colegiado en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que mandató la creación de una Comisión de Investigación y de la Verdad en este caso. ¿Qué significa esto? que no solamente queremos conocer que pasó sino deslindar las responsabilidades con quienes cometieron estos abusos de autoridad y estos delitos, incluidos quienes hayan alterado el proceso de investigación”.
Encinas agregó que “habrá un cambio profundo en materia de voluntad política para enfrentar esta situación”.
Al menos hasta ahora parece que el cambio conduce a llevar la investigación del caso con seriedad y a la vista de autoridades internacionales, además del apoyo de expertos del GIEI.
Lo anterior, en vista de que se ha revelado que al encuentro entre AMLO y los padres Ayotzinapa se sumarán estarán presentes representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según reveló el propio Encinas esta tarde al salid de la casa de transición de AMLO.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, quien también visitó la casa de transición, dijo que el interés del nuevo gobierno es partir de una respuesta clara a los familiares de las víctimas:
“Estamos intentando que tengan una respuesta de verdad y justicia; la reparación y los mecanismos de no repetición vendrán después. Pero lo que ellos exigen es verdad y justicia”, dijo.
Encinas ha dicho que el gobierno de AMLO no partirá de cero en su propósito de resolver el caso Ayotzinapa, sino que retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y a sus presuntos agresores, en una labor a menudo obstaculizada por el gobierno, a pesar de que fue él mismo quien invitó al grupo y posteriormente lo expulsó.
El GIEI está integrado por cinco personas de distintas nacionalidades:

  • Los abogados colombianos Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia.
  • La exfiscal guatemalteca Claudia Paz.
  • El abogado chileno Francisco Cox.
  • El médico y sicólogo español Carlos Martín Beristain.
Causas Justas Derechos humanos

10 mil familias sin ayuda en costa de Chiapas a un año de sismo

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Urgen crear programa para 8 mil familias damnificadas que no han recibido ayuda alguna en costa de Chiapas. Exigen que Bansefi libere ayuda comprometida para otras 2 mil 769 familias
Claman por reconstrucción de escuelas, centros de salud y sistemas de agua potable

Regeneración, 7 de septiembre del 2018. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, señaló que a un año del sismo del 7 de septiembre del 2017, persisten violaciones a los derechos humanos de los damnificados de la costas de Chiapas.
La actuación de las autoridades ha sido omisa e inoperante para atender la emergencia en Chiapas, señaló la página Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Los defensores de derechos de la población costeña y mareña de chiapas denunciaron que a la fecha existen 8 mil familias de esa zona que no han recibido ninguna ayuda, sea federal, estatal o municipal, ante los daños provocados desde hace un año por el sismo de 8 grados en escala de Richter.
Los damnificados no han podido reconstruir sus viviendas debido » a la inoperancia, falta de coordinación, omisión e indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno», acusaron en un documento dado a conocer a la opinión pública el dia de hoy.
Poca ayuda regateada
Denunciaron que Bansefi ha incumplido con asignar fondos a otras 2 mil 769 familias que si son reconocidas dentro del censo oficial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
«Estas familias carecen de techos, paredes, puertas, ventanas, o que sobreviven sin poder iniciar la reconstrucción de su patrimonio», destacó el Centro de Derechos.
Subrayan que esta desprotección estatal, les deja a merced de financieras, empresas privadas y gobierno quienes los engañan y les hacen fraudes.
Se trata entonces de 10 mil 769 familias contabilizadas que no han recibido apoyo alguno del estado mexicano.
Detallaron que del 4 al 6 de septiembre del 2018, una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos conformada por organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, constataron las violaciones a derechos de los damnificados de la costa de Chiapas.
«Constatamos violaciones al derecho a una vida y vivienda digna, derecho a la educación y salud», señalaron.
Así mismo indicaron violaciones al derecho al agua y saneamiento.
Lo anterior, insistieron, «es provocada en mucho por la omisión del Estado mexicano».
Ataques contra los defensores de damnificados
«Debido a nuestra participación en el proceso de reconstrucción en la costa de Chiapas hemos sufrido diversas agresiones y ataques», denunciaron.
Los ataques tienen como objetivo «obstaculizar nuestra labor de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas damnificadas».
CD Digna Ochoa recordó que Chiapas es una de las entidades federativas más empobrecidas, con altos niveles de marginación y donde se han documentado los más altos índices de ataques contra defensoras y defensores de Derechos Humanos.
Las demandas de los defensores de derechos
El Centro de Derechos Digna Ochoa, respaldado por la Misión Civil de Observación exige al Estado Mexicano, y en especial al gobierno de Chiapas que:
-Se garantice el derecho a una vida y vivienda digna en favor de los miles de damnificados en Chiapas a causa del sismo del 7 de septiembre del 2017.
-Investigar y sancionar todo tipo de actos de corrupción por la utilización de fondos públicos para el proceso de reconstrucción.
-Concluir de manera urgente la reconstrucción de escuelas y centros de salud, así como de los servicios de agua y saneamiento.
-Crear un programa que permita garantizar a las más de 8 mil familias de la costa de Chiapas que no han sido consideradas dentro de los programas de reconstrucción, les sean otorgados apoyos sin condicionamiento alguno.
Así mismo demandaron garantizar el derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras y defensores en Chiapas.
Este pronunciamiento a la opinión pública lo firman los centros de derechos humanos Digna Ochoa, Fray Bartolomé de Las Casas y Fray Matías de Córdova.
Acompañados por Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes además del Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Las organizaciones antes citadas conformaron la brigada de observación de derechos humanos quienes además son acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFor) y los Servicios Internacionales para la Paz (Sipaz).
Sismicidad histórica en los estados de Chiapas y Oaxaca
México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas:
La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.
Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos.
El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día. Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.
El origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: la placa de Cocos (al sureste la del Caribe) y la Placa de Norteamérica.
La interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado.
Con respecto a esta zona, iniciando el siglo XX se produjeron tres grandes sismos superficiales con magnitudes mayores a 7 en las costas de Chiapas y Guatemala.
El primero ocurrió cercano a la frontera México-Guatemala, el 19 de abril de 1902 (M7.5); el segundo el 23 de septiembre de 1902 (M7.7) en la costa norte de Chiapas y el tercero el 14 de enero de 1903 (M7.6) en la costa sur de Chiapas.
El sismo del 7 de septiembre del 2017 ha sido el más intenso que ha ocurrido en la zona.
 
 

Derechos humanos

Reclaman a fiscal de Veracruz por opacidad y exclusión en hallazgo de fosas

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Familiares de personas desaparecidas en Veracruz reprobaron al fiscal Jorge Winckler por la forma en que condujo la exploración de fosas que resultó en el hallazgo de restos óseos de más de 160 personas

Regeneración, 7 de septiembre de 2018.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz respondieron a la Fiscalía General (FGE) ante el hallazgo de fosas clandestinas con restos de al menos 166 personas, anunciado ayer.
En primer término, consideraron que lo dicho a los medios por el fiscal Jorge Winckler es irresponsable y falso debido a que “excluyen a las familias de personas desaparecidas”.
Al respecto, el fiscal informó ayer que los colectivos de familiares de desaparecidos “no tuvieron conocimiento de este hallazgo, ni participaron en las diligencias de búsqueda”. Lo anterior, debido a que las diligencias “se mantuvieron en secrecía por razones de seguridad y para garantizar el éxito en la investigación”.
En segundo lugar, los colectivos expresaron que el informe del fiscal Winckler “habla de los hallazgos documentados en el predio. Sin embargo, se desconoce si la escena fue procesada de manera adecuada y si hay más restos, [así como] cuál fue el proceso para determinar el tiempo que los restos llevaban en ese lugar, cuánto tiempo tardarán en procesarlos y si sólo se trata de 32 fosas o el número es mayor”.


Al respecto, el fiscal informó ayer que, “del análisis antropológico de los hallazgos ha sido posible determinar que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos 2 años de antigüedad”, y que él mismo supervisó de manera personal los trabajos que continúan en el lugar.
En tercer lugar, los colectivos reclamaron a la FGE por la forma en que supuestamente localizaron y trabajaron en las fosas, y le recordaron que “debe apegarse a los protocolos de notificación, aun cuando no se conozca la identidad de los restos o cadáveres localizados, evitando los principios del enfoque humanitario, no revictimización y participación conjunta de familiares”.
En vista de los anterior, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas exigieron a la FGE se les incluya en las labores relativas a las fosas “de acuerdo a lo que establece la ley” en los mecanismos que garantizan su derecho a participar.
Además, requirieron a la fiscalía acceso a la carpeta de investigación ministerial para su revisión con el apoyo de personas expertas en la materia.
Las y los firmantes de la carta pública pertenecen a 15 colectivos, entre los que se encuentran Solecito Cardel, Córdoba y Veracruz; Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y “Belén González”, Tierra Blanca, Red de Madres Veracruz, Por la Paz Xalapa, Familiares Enlaces Xalapa, Familiares Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Corazones Perdidos Xalapa, Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur, y por último Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz.
Como informamos a través de Regeneración, la tarde de ayer fue informado el hallazgo de restos de al menos 166 personas, además de 200 prendas de ropa, 114 identificaciones, así como diversos efectos personales en una fosas clandestinas del centro de Veracruz. La autoridad informó que se realizará la confrontación genética con desaparecidos y se pondrán a disposición de familiares las imágenes de los objetos para lograr su identificación.
En conferencia de prensa, Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas obtuvo el testimonio de una persona que refirió un sitio ubicado en la zona centro del estado donde presuntamente habrían inhumado los cuerpos de cientos de personas.


Esta mañana en entrevista para Aristegui Noticias, el fiscal Winckler agregó que son 168 los cráneos localizados en el predio, y dijo que no descarta que el exgobernador Javier Duarte pudiera estar vinculado con el hallazgo.

AMLO

AMLO y fundación del papa Francisco acuerdan trabajar por los jóvenes

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Representantes de la fundación Scholas, creada por el papa Francisco, se reunieron este viernes con López Obrador, acordaron trabajar en conjunto por los jóvenes de México

Regeneración, 7 de septiembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sostuvo una reunión este viernes con integrantes de la Fundación Scholas Ocurrentes, creada por el papa Francisco, en donde acordaron que trabajarán en conjunto en el proyecto jóvenes construyendo el futuro.
López Obrador envió al papa el proyecto completo con un mensaje mediante el presidente mundial de Scholas, José María del Corral.
«Para el papa Francisco, mi líder e inspiración por su verdadero interés por los pobres y olvidados. En especial por su atención a los jóvenes. Con todo mi afecto y gratitud: Andrés Manuel López Obrador», dice la dedicatoria.
«El desafío es acompañar esta formación de los jóvenes que no estudian ni trabajan de todo México, y son 2 millones 600 mil estudiantes», dijo Del Corral.
Por su parte, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la fundación del papa desea participar y respaldar el proyecto de los jóvenes.
Este encuentro se da a tres días de que López Obrador se reúna con el Nuncio Apostólico Franco Cappola.


“Scholas busca sumarse al gran proyecto de México desde una perspectiva diferente: retomar los valores y principios que nos han permitido sobrevivir como nación y que hoy más que nunca cobran vigencia ante los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan”, indica el comunicado de la organización.

Tendencias

Video: Alejandro Murat confunde a los Ángeles Verdes con los «Ángeles Azules»

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El mandatario oaxaqueño ofrecía un discurso por el primer aniversario del sismo del 7 de septiembre pasado, sin embargo, mientras recordaba a los actores que ayudaron durante el siniestro, confundió a corporación de la Secretaría de Turismo, Ángeles Verdes, con el grupo musical de Iztapalapa, los Ángeles Azules.


Regeneración, 7 de septiembre de 2018.– El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, confundió al cuerpo de ayuda Ángeles Verdes, con el grupo musical Ángeles Azules durante su intervención en el evento “A un Año de la Tragedia Oaxaca está de Pie”.
Esta mañana, el mandatario estatal agradeció el apoyo de los cuerpos de rescate en la emergencia vivida en Oaxaca, luego del sismo del 7 de septiembre del año pasado.

“México es grande cuando vemos la manera en que respondimos y como en San Mateo estaba Conafor, por Ixhuatán estaban los Ángeles Azules, por Juchitán estaba la Secretaría de Gobernación”, afirmó el gobernador Alejandro Murat.

Al evento la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, el titular de Protección Civil, Luis Felipe Puente y el Coordinador de Protección Civil estatal Heliodoro Díaz.

AMLO Sociedad

Piden a AMLO que dé prioridad a feminicidios y desaparición de mujeres

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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pide a AMLO que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), así como INMUJERES sean encabezados por mujeres con altos perfiles

Regeneración, 7 de septiembre de 2018. Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se manifestaron a las afueras de la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle que tenga como prioridad el cese a los feminicidios y la desaparición de mujeres y niñas en el país.
“Hoy hacemos presencia en esta casa de transición para hacer un llamado al presidente electo y su equipo para que el feminicidio, la violencia y desaparición y otros tipos de violencia sea desde ya una urgencia. Vemos con preocupación que no es una prioridad en este periodo de transición”, sostuvo María de Luz Estrada, directora de ONCF.
La organización entregó el pronunciamiento público en donde exigen que sea una prioridad del Estado, además solicitan conocer su plan estratégico de gobierno para atender dicha problemática. También piden que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Maujeres (INMUJERES) estén encabezados por mujeres con altos perfiles.

Causas Justas Estudiantes

PGR rechaza investigar agresiones de porros a estudiantes de la UNAM

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La PGR señaló que no existen elementos para atraer el caso al fuero federal, los delitos cometidos por grupos porriles corresponden al fuero civil

Regeneración, 7 de septiembre de 2018. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) no realizará las investigaciones pertinentes por los hechos que se registraron el pasado lunes 3 de septiembre de grupos porriles contra estudiantes de la universidad.
Luego de la inauguración de la Expo Pymes 2018 que se lleva a cabo en el zócalo de la Ciudad de México del 7 al 9 de septiembre, Amieva dijo que la PGR aseguró que no hubo ninguna denuncia por parte de la UNAM por lo que la dependencia regresaría los expedientes del caso.
“La Procuraduría General de la República declina la competencia de investigar esos hechos que sucedieron el pasado lunes. Nosotros asumimos el compromiso de llevar justicia a las víctimas”.
Por su parte, la PGJ-CDMX respeta pero no comparte la decisión de la PGR de devolver la investigación sobre los hechos ocurridos en la UNAM; en un comunicado informan que la dependencia investigará hasta las últimas consecuencias los acontecimientos que se suscitaron en la máxima casa de estudios.
 

Columnas mexicanas

Estudiantes deben exigir informe a gobiernos: Pablo Gómez

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El analista Pablo Gómez opina que el deber básico de toda autoridad sería informar sobre lo ocurrido el lunes contra estudiantes de la UNAM

Cuartoscuro

Regeneración, 7 de septiembre de 2018.- Los gobiernos federal y de la Ciudad de México deben rendir informe por el ataque a estudiantes en la UNAM el pasado lunes. Asimismo, la comunidad universitaria que exige justicia también debe voltear hacia dichas autoridades y hacerlos comparecer por los hechos. En el mismo sentido deben pronunciarse las autoridades de la máxima casa de estudios, de acuerdo con Pablo Gómez Álvarez.
Eel analista, militante de izquierda, exestudiante del 68 y ahora diputado por Morena escribe en Proceso sobre lo que él llama un acto represivo por parte de sujetos organizados contra miembros de una institución nacional, como es la UNAM.
Gómez Álvarez hace visible la omisión que ya caracteriza al gobierno federal y también al de la Ciudad de México: “nunca informan”. Dicen que investigan, como si no supieran exactamente lo que ocurrió. ‘¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”?’, cuestiona Gómez.
Además, Pablo Gómez analiza el proceder del rector Graue quien, ante la urgencia de obtener culpables, expulsó a 18 personas y difundió sus nombres dejando fuera la presunción de inocencia que debe aplicar en todos los casos. La UNAM debe respetar, dar el ejemplo y no cometer lo que critica.
Lo que es importante, dice Gómez, es conocer la maquinaria represiva que se activó para perpetrar en el ataque del lunes, como en tantos otros momentos donde han estado presentes los porros.
Gómez agrega que es inconcebible que los hechos se hayan dado bajo el balcón el mismo rector, y que no es suficiente la suspensión al coordinador de vigilancia. Más aún, la UNAM arrastra problemas que hoy requieren diálogo y solución impostergable.
A continuación, transcribimos la colaboración de Pablo Gómez en Proceso
UNAM: el gobierno nunca informa… tampoco ahora
La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.
Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma universidad.
Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirige a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.
El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.
Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?
Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.
Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.
Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.
La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.
Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.
En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.
La universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero ¿y eso qué?
Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

Política

Senadores gastaron 132 millones sólo en comidas legislativas durante el sexenio

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Reportes de gastos desde 2013 de la Cámara de Senadores, indica el pago de cantidades millonarias en comidas dentro del pleno.

 

Regeneración, 07 de septiembre de 2018.- Senadores de la República no sólo tuvieron sueldos millonarios, sino también comieron en el pleno por casi 132 millones entre 2013 y el primer semestre de 2018.
De acuerdo con el reporte de gastos de la Cámara de Senadores, se gastaron 132 millones de pesos en los últimos seis años para que los legisladores pudieran comer en el pleno de sesiones, en las reuniones de grupo órdenes de gobierno y en comisiones.
Para la anterior legislatura, el gasto en comida inició en 14.4 millones, pero terminaron erogándose 33 millones de pesos, según el detalle del gasto solicitado por el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
El reporte detalla que la comida buffet y barra de snacks que se servía en cada sesión del pleno, tuvo costo superior a 3.55 millones es decir, un promedio de 45 mil pesos por servicio, según reportó Reforma. Además del buffet, se instalaba una barra de chaparas, frutas, hortalizas crudas y bocadillos.
El año pasado, se pagaron comidas previas a las reuniones parlamentarias; la Mesa Directiva paró 2.37 millones, mientras que las presidencias de los órganos de Gobierno, como la Mesa y la Junta de Coordinación Política ejercieron 1.8 mdp en desayunos, sándwiches y fruta.
Sólo en fruta se pagaron 1.1 millones de pesos y para insumos en oficinas y senadores en comisiones, la Cámara destinó 1.4 millones de pesos.

Instalan barra sin excesos

Aunque bajo los nuevos conceptos de austeridad, la primera sesión se dio sin estos servicios alimenticios con cargo al gato público, y los legisladores tuvieron sólo acceso a café y agua, un día después Monreal dio marcha atrás y anunció que instalaría la barra de alimentos los días de sesiones.
«Nada excesivo», dijo, y ayer, los senadores pudieron consumir fruta, verdura picada, agua y café.
El miércoles pasado, Monreal anunció la eliminación de privilegios que recibirían los senadores, entre ellos una bolsa de 392 mil pesos para auto y computadora. Se espera que la austeridad dé como resultado una reducción del 30 por ciento del presupuesto de la Cámara alta, que este año obtuvo fondos por 4 mil 955 millones de pesos.
«He instruido al secretario administrativo del Senado, Roberto Figueroa, para detener eso. Las reglas han cambiado. No habrá apoyos para recibir coches ni para ningún privilegio», informó.
Mientras Moreal se desdice en eliminar la comida, algunos se preguntan si también se restablecerán los demás privilegios.

Derechos humanos

DIF Guanajuato devuelve Ciudad de los Niños a sacerdote

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El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, implicado directo en abusos y violencia contra más de 100 niños, recibió ayer el inmbueble de la Ciudad de los Niños y podría reabrirlo en 3 meses. A más de un año, no ha sido vinculado a proceso

Reforma

Regeneración, 7 de septiembre de 2018.- El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, implicado directo en diversos abusos contra niñas, niños y adolescentes en el albergue Ciudad de los Niños, recibió ayer el inmueble de manos del gobierno de Guanajuato. Además, no fue vinculado a proceso en ninguna de las carpetas de investigación, y anunció que el albergue volverá a operar en un plazo máximo de tres meses, una vez que reciba las autorizaciones correspondientes.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el inmueble de la Ciudad de los Niños fue entregado ayer al apoderado legal del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías por parte de autoridades del Sistema DIF Guanajuato y de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE).
Luego de una reunión a puerta cerrada que duró más de hora y media, el sacerdote salió por una de las puertas laterales del inmueble a bordo de un automóvil de color negro sin detenerse.
Esta acción podría marcar la fase final del proceso legal que involucró al sacerdote y otras personas por abusos en contra de las y los menores de edad.
No obstante, la versión de la autoridad es que el inmueble fue devuelto porque genera gastos administrativos y operativos al DIF, de acuerdo con el subprocurador de Servicios Jurídicos y Atención a Centros y Organizaciones de Asistencia Social, Jorge Alberto Santos López, quien añadió que aún están abiertas ocho carpetas de investigación por diferentes cuestiones, aunque no especificó los asuntos.
El apoderado legal del cura agregó que se iniciarán los trámites para obtener las licencias correspondientes, con el fin de que el sacerdote Gutiérrez Farías vuelva a operar el albergue para menores. Mientras eso ocurre, volverá a vivir en el inmueble.
El predio donde operaba el albergue permaneció bajo resguardo del DIF estatal por más de un año, luego del escándalo. A la fecha, varias niñas, niños y adolescentes siguen a cargo de esa institución.
Por lo que respecta a ellos, la autoridad del DIF estatal informó que 35 de ellos permanecen bajo su resguardo, específicamente en el Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (CIANNA) en Guanajuato. Treinta y siete de ellos fueron reintegrados a sus familias, con lo cual se completan 72.
Gobierno de Guanajuato no procesó a cura
El día de ayer también se informó que la PGJE Guanajuato «exoneró» al sacerdote Gutiérrez Farías por los presuntos abusos cometidos en contra de los más de cien niños, al no vincularlo a ninguna causa penal, a pesar de existir cinco causas penales.
Además, la procuraduría estatal tampoco fincó responsabilidades a funcionarios del DIF estatal, DIF municipal de Salamanca ni del Registro Civil, señalados por actuar en complicidad con el sacerdote en perjuicio de los niños.
Las denuncias también iban dirigidas a colaboradores del cura, como Xóchitl Tapia (monja, acusada de violencia familiar), así como Leandro Martín Bermúdez Armenta (maestro de música, por privación ilegal de la libertad) y Aurelio Gutiérrez Anguiano (abuso sexual, pero logró un acuerdo reparatorio con la víctima).
“El gobierno de Guanajuato ha sido complaciente con el sacerdote”: Redim
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) que agrupa a varias docenas de organizaciones, lamentó la decisión y habló del respaldo que el sacerdote Pedro Gutiérrez ha recibido por parte de autoridades del gobierno de Guanajuato:
“Hay que recordar que el propio gobernador Márquez es el que promueve castigo corporal a niños y niñas. También salió a defender al sacerdote Pedro Gutiérrez diciendo que es una buena persona y no hubo denuncia. El secretario de Gobierno también lo hizo y el propio procurador Zamarripa”.
Pérez García acusó al procurador de Guanajuato de no cumplir con su obligación legal de proteger a niñas y niños víctimas de delitos, sobre todo porque tienen conocimiento de que algunas de las víctimas del albergue “fueron amenazadas de muerte si mantenían las denuncias en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez”.
Como informamos en Regeneración el pasado 4 de septiembre, a más de dos décadas de denuncias en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, y luego de un año de haberse integrado la carpeta de investigación por el escándalo en contra de niñas niños y adolescentes del albergue “Ciudad de los Niños”, ni el cura ni persona alguna han sido llamados a declarar.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de la infancia entre las que se encuentra Redim, han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la salud de la integridad de los niños, así como para hacer valer la sentencia de amparo que ordena medidas de protección cautelar a su favor.
Más importante, explicaron cómo ha funcionado la cadena de complicidades entre la PGR, las autoridades de Guanajuato –incluyendo al gobernador- y la misma Iglesia católica.
En ese sentido, hicieron un llamado al papa Francisco, ahora que se encuentra pidiendo perdón alrededor del mundo por los curas pederastas, para que mire el caso mexicano y tome cartas el asunto.
Con información de AM, Correo, El Sol de Salamanca y Animal Político