Un testigo protegido de la FGR reveló que las Fuerzas de Seguridad del Estado que participaron en la desaparición de los 43 y Guerreros Unidos recibieron la orden de asesinar a los estudiantes.
Regeneración, 28 de julio del 2021. Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), al que le pusieron Juan, declaró en mayo de este año que los integrantes de Guerreros Unidos y del Ejército Mexicano, de la Policía Federal; así como policías estatales y municipales que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibieron la orden de matar a todos.
Milenio accedió al documento de la FGR que tiene la declaración actualizada de Juan, quien señaló que el líder criminal Jesús Pérez Lagunas, conocido como «El Güero Mugres», fue el que dio la orden a todos los grupos que participaron en el crimen de Estado. Con esta declaración se actualizó la información del caso, ya que las autoridades nunca relacionaron a este personaje con la desaparición de los 43 y fue ejecutado en 2018.
La primera vez que Juan declaró fue en febrero del 2020. En su declaración más reciente agregó detalles, precisiones e información que omitió el año pasado.
No hubo sobrevivientes
El testimonio señaló que los estudiantes murieron durante diversos enfrentamientos que se generaron entre los grupos de seguridad del Estado y Guerreros Unidos contra el Cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Martínez.
Juan dijo que llegaron seis camionetas del grupo contrario, después de que los normalistas fueron detenidos en Iguala. Por lo que se revolvieron estudiantes y «los contras», lo que provocó que todos fueran atacados.
Asimismo, indicó que los integrantes de Guerreros Unidos se encargaron de disolverlos, cremarlos y esparcir sus restos en distintos puntos del municipio, incluida la zona de Cocula.
El abogado de las familias de las víctimas le preguntó si hubo sobrevivientes y él respondió que no, de acuerdo con la información que le dieron.
Funcionarios involucrados
Aunado a ello, elaboró una lista de los funcionarios que se encontraban en la nómina de Guerreros Unidos en 2014 y que le entregaban cuentas al «Güero Mugres». Entre ellos se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Pérez; el exprocurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; el capitán del Ejército, José Martínez Crespo.
Además, estaban todos los comandantes de la Policía Federal Ministerial y los ministerios federales y del fuero común públicos adscritos a la ciudad de Iguala; así como el capitán Dorantes, quien se ubicaba en la base de Iguala de la Policía Federal. En su declaración anterior, Juan aseguró que el último no recibía sobornos.
En el nuevo relato no mencionó a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; sin embargo, en su declaración del 2020 afirmó que el funcionario recibió pagos del grupo criminal en 2015, cuando se desempeñaba como coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero. Señalamientos que el servidor negó.
¿Qué pasó con los restos de los estudiantes?
Juan detalló que Nicolás Nájera Salgado, integrante de Guerreros Unidos, trasladó los cuerpos de las víctimas a una casa en la colonia Granjeles y los hermanos Palacios Benítez, jefes de los Tilos, usaron un inmueble ubicado atrás de la Plaza Galerías de Iguala.
En este sentido, agregó que se utilizó un crematorio en la salida de Iguala hacia Chilpancingo para cremar los cuerpos; aunque desconoce a cuántas personas llevaron porque el dueño controlaba otros crematorios.
El testigo sostuvo que como el caso se volvió mediático durante la madrugada, no pudieron calcinar, ni disolver todos los cuerpos y algunos restos los esparcieron en diferentes zonas aledañas a Iguala. Entre los que se encontraba un poblado que se llama Coacoyula y una mina abandonada en el municipio de Taxco.
Al principio, los integrantes del crimen organizado y el fiscal del estado pensaron en
hacer fosas en Cerro Grande para que las familias se conformaran, pero como el crimen
se volvió mediático regresaron y recolectaron los restos que pudieron. Posteriormente, los dejaron cerca del basurero de Cocula.
El comandante de la policía ministerial del estado, Wenceslao Elizalde, les ayudó a
transportar los restos por filtros en los que había autoridades ajenas a Iguala para tirarlos.
