El Caso Atenco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son los dos crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el sexenio de EPN, ¿con la consulta popular lo podrían llevar a juicio por ambos?
Regeneración, 19 de julio del 2021. Si la consulta popular que se va a realizar mañana para juzgar a exfuncionarios resulta vinculatoria, es decir se obtiene por lo menos el 40 por ciento de participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, Enrique Peña Nieto podría ser juzgado por el Caso Atenco y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ambos son considerados crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas se le conoce de esta forma a aquellos actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Se entiende como crimen de lesa humanidad a los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación, encarcelación, privación de la libertad, torturas, violaciones, explotación y violencia sexual, desaparición forzada de personas; así como persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben jamás y serán juzgados en la Corte Penal Internacional.
¿Qué pasó en Atenco?
El 3 y 4 de mayo del 2006, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México ordenó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco. El objetivo fue terminar con una protesta pacífica que se realizó en oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
El primer día integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentaron con policías del Edomex por un conflicto vecinal, ya que querían reubicar a vendedores de plantas y flores en un mercado municipal. Sin embargo, los agentes de seguridad quedaron en desventaja. Por lo que al otro día 1 mil 815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 700 de la Policía Federal Preventiva llegaron a San Salvador Atenco.
Los uniformados utilizaron violencia excesiva en contra de los pobladores y de integrantes del FPDT. Los policías asesinaron a Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20 años.
Asimismo, detuvieron y torturaron a 217 personas, entre quienes se encontraban 47 mujeres. La mayoría sufrieron tortura sexual a cargo de los policías al interior de los vehículos que utilizaron para trasladarlas a los centros de reclusión.
Agresiones contra mujeres de Atenco
De las 47 mujeres agredidas, sólo 26 reportaron las agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, pero no les proporcionaron la atención debida.
Por ello, las agresiones fueron denunciadas y documentadas por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
A todos los policías que denunciaron se encuentran en libertad. Por lo que 11 mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH recomendó al Estado mexicano que hiciera una investigación penal efectiva para esclarecer los hechos en forma integral y que sancionara a los responsables. Sin embargo, ante la falta de avances la Comisión envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las 11 mujeres; incluyendo las detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica, sexual y falta de acceso a la justicia. Hasta ahora, no hay avances en el caso.
El caso Ayotzinapa y Enrique Peña
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos sin dejar rastros. Ese día un grupo de normalistas de dicha institución acudieron al municipio de Iguala para tomar autobuses, actividad común de los alumnos; ya que necesitaban los vehículos para trasladarse a la Ciudad de México y participar en las marchas que se realizan por la conmemoración de la Masacre del 2 de octubre de 1968.
A pesar de que era una práctica común, ese día los policías municipales de Iguala acudieron al lugar y agredieron con armas de fuego a los normalistas para evitar que se llevaran los autobuses. Con el apoyo de otras fuerzas de seguridad y de civiles, lograron impedir el paso a 5 unidades.
Los 43 estudiantes desaparecieron después de eso y se registraron agresiones contra la población, por parte de los uniformados estatales y de civiles que pertenecían a Guerreros Unidos, una organización criminal de la entidad.
Además de los 43 jóvenes desaparecidos, seis personas fueron ejecutadas y 40 resultaron lesionadas. El saldo de esa noche fue de 180 víctimas de violaciones a derechos humanos y 700 víctimas indirectas.
Las autoridades de la administración de Enrique Peña obstaculizaron las investigaciones desde el principio, lo que provocó que hasta la fecha los familiares de los jóvenes desaparecidos no sepan dónde están.
Las madres exigen la verdad
Por ello, madres y padres de los 43 solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el apoyo de expertos independientes que investigaran lo que sucedió para conocer la verdad y el paradero de sus hijos. Así se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El 28 de enero de 2015, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam,
dio a conocer la Verdad Histórica y señaló que los normalistas fueron trasladados al
basurero de Cocula, donde los quemaron y tiraron sus cenizas al río. Sin embargo, el GIEI dio una conferencia de prensa el 6 de septiembre del mismo año, en la que presentó
los resultados de la investigación y descartó la Verdad Histórica del gobierno federal.
Asimismo, propuso nuevas líneas de investigación y emitieron recomendaciones sobre derechos humanos a las autoridades.
El día 26 de cada mes, desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa,
padres, madres, normalistas e integrantes de la sociedad civil realizan marchas en la Ciudad de México para exigir justicia y la verdad.
AMLO llega al poder y se cae la verdad histórica
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República se
conformó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa; la cual está presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
También se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y su titular es Omar Gómez Trejo. Además, regresaron integrantes del GIEI para continuar con la investigación de la desaparición de los 43.
Se derrumba la verdad histórica
Gracias a la investigación de las autoridades de la administración actual se derrumbó la Verdad Histórica del sexenio de EPN; ya que en julio del año pasado se identificaron los restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los normalistas desaparecidos. Los cuales fueron encontrados en la barranca de la Carnicería, lejos del basurero de Cocula.
El pasado 15 de junio, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, informó que la
Universidad de Innsbruck (Austria) identificó una vértebra de Jhosivani Guerrero, otro de los normalistas, y también se encontró en la barranca.
Una línea de investigación reforzada este martes con la identificación de los restos
de Jhosivani en la misma barranca. Por lo que se abrió una nueva línea de investigación.
En 2014 se identificaron los restos de Alexander Mora y aún falta saber qué pasó con los otros 40 normalistas. Las autoridades federales también persiguen a los exfuncionarios que estuvieron a cargo de la búsqueda de los jóvenes durante el sexenio de EPN.
Uno de ellos es el exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien está acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa. El exservidor se encuentra prófugo en Israel y el gobierno federal ya realizó una solicitud
de extradición para que sea juzgado por las instituciones de procuración de justicia; sin embargo, no ha obtenido respuesta.
