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Por Beatriz Aldaco

Cuando los ánimos decaían por los resultados no vinculatorios de la Consulta Popular, la energía emanada del convencimiento y la seguridad de que lo que se hace es lo justo y correcto se encendió para bien de la democracia mexicana. La depresión posconsultano se consumó y en su lugar surgió la ratificación del gran valor y capacidad política y organizativa del pueblo mexicano.

El domingo 1 de agosto por la noche, Ariadna Bahena y Omar García, promotores iniciales de ese instrumento de democracia participativa, acompañados de Alina Duarte, periodista e integrante del comité promovente del juicio a expresidentes, y de Epigmenio Ibarra, productor, periodista y promotor de la consulta popular, dieron a conocer un comunicado que anuncia la inmediata instauración en México del Tribunal de los Pueblos, tribunal de conciencia cuyos lineamientos se difundirán el próximo 8 de agosto en el Zócalo de la CDMX, en una reunión masiva a la que se convoca a la población en general, víctimas de injusticias, organizaciones civiles, partidos políticos, colectivos que trabajan a favor de los derechos humanos y otros actores sociales.

Entidad complementaria de las Comisiones de la Verdad, las cuales presentan, entre otras, la limitante de que sesionan en privado, el tribunal es un foro público que se basa en la legislación internacional y nacional relativa a los derechos humanos. El propósito es buscar una justicia transicional atendiendo el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas; el esclarecimiento de los hechos delictivos; la reparación del daño; la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad, contra la economía popular y el medio ambiente, como acciones coadyuvantes con respecto al sistema ordinario de justicia.

Importantes precedentes de este instrumento democrático son: el Tribunal Russell, organizado por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre en 1966 para investigar y evaluar la actuación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, cuyas decisiones no fueron vinculantes pero tuvieron un gran peso moral (algunos de los miembros del jurado fueron Julio Cortázar, Simone de Beauvoir y Lázaro Cárdenas); el Tribunal Russell II (1974-1976), que abordó las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las dictaduras en América Latina, en el que participaron, entre otros, los escritores latinoamericanos Julio Cortázar y Gabriel García Márquez; el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fundado en 1979 en Bolonia, de carácter internacional, creado como respuesta a la petición de representantes latinoamericanos para que los pueblos pudieran presentar casos de violación a sus derechos humanos; el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP), que entró en vigor en enero de 2004 y cuyas sentencias son jurídicamente vinculantes.

En México, el Tribunal Permanente de los Pueblos se instaló entre 2011 y 2014 con el fin de juzgar delitos contra los derechos de los pueblos, devastación ambiental, soberanía alimentaria, represión contra movimientos sociales, feminicidios, agresiones contra periodistas, entre otros. Al frente del Capítulo México del TTP figuraron activistas como Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Nos encontramos en un momento histórico distinto al de la anterior instalación del Tribunal de los Pueblos en México. Ahora está en curso un nuevo régimen, la composición de las fuerzas políticas es radicalmente distinta a la del sexenio pasado, la sociedad ha crecido políticamente, la conciencia social de los ciudadanos que están a favor de la transformación se impone cada vez más a la mentalidad de una minoría conservadora y a los detractores recalcitrantes del nuevo gobierno en su lucha contra la corrupción, la desigualdad y las injusticias.

El nuevo capítulo del Tribunal se desarrollará en sesiones públicas en donde las víctimas darán sus testimonios de las vejaciones de que han sido objeto, se presentarán los expedientes de los crímenes de lesa humanidad y de lesa democracia así como los que han ido en contra de la economía popular, la salud, el medio ambiente y otros aspectos sensibles del desarrollo humano de los ciudadanos en los últimos cuarenta años. Con ello, se busca contar con los elementos y herramientas necesarias para “compeler a la justicia ordinaria a realizar los procedimientos jurídicos formales correspondientes”. Es decir, el objetivo es vincular los frutos y resultados del Tribunal con las obligaciones del Poder Judicial y otras instituciones encargadas de impartir justicia.

“No se puede entender la paz en Vietnam sin la actuación del Tribunal Russell, ni el fin de la dictadura en Chile sin el Tribunal de los pueblos -expresó Epigmenio Ibarra; por eso, “desde las montañas del sureste mexicano hasta el Valle de San Quintín y desde el Pacífico hasta el Atlántico”, no deberá entenderse el fin de la impunidad en México sin el Tribunal de los Pueblos.